En un informe sobre la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, presentado este martes al Senado y después a la Asamblea Nacional antes de su publicación el 11 de enero, los magistrados del Tribunal de Cuentas se muestran preocupados por el saldo presupuestario del Comité de Organización de los Juegos (Cojop), reevaluado el 12 de diciembre de 2022 en más de 400 millones de euros, para situarse ahora en 4.380 millones de euros.
Incertidumbres y riesgos
En el momento de la revisión financiera, Cojop argumentó que el gasto adicional, debido principalmente a la inflación, se cubriría con el aumento de la venta de entradas y los ingresos por patrocinio. «Persisten las incertidumbres sobre los ingresos previstos, especialmente los procedentes de las asociaciones de marketing, y se detectan riesgos por el lado de los gastos», dicen los magistrados, que también lamentan el consumo parcial anticipado de la reserva para imprevistos de Cojop (115 millones de 315 millones).
Si bien Cojop es una asociación amparada por la ley de 1901 que funciona con fondos privados, el Estado garantiza el fondo en caso de déficit. El Tribunal de Cuentas indica que, en el estado actual, entre las partidas presupuestarias de Cojop, de Solideo (encargado de las estructuras permanentes), los gastos de las autoridades locales y los del Estado que aún no se han fijado, no puede calcular el coste real de los Juegos Olímpicos y «su impacto total en las finanzas públicas».
El tribunal también señala la seguridad y el transporte como «riesgos que hay que contener» para los Juegos Olímpicos de París y pide a Cojop acelerar la firma de determinados contratos. «Las cuestiones relativas a la seguridad y al transporte siguen siendo retos a los que hay que responder y deben ser objeto de una vigilancia particular por parte de las autoridades públicas y del comité organizador», declara.
La cuestión del transporte
En materia de seguridad, el Tribunal de Cuentas insta a «planificar la utilización de las fuerzas de seguridad interior garantizando un equilibrio entre la cobertura de las necesidades de los Juegos y las de seguridad en todo el territorio nacional». Recomienda «estabilizar las necesidades de seguridad privada y establecer medidas alternativas para compensar sus probables deficiencias», ya que es posible que no se cubran las necesidades de agentes de seguridad privada, más de 20.000 como mínimo. Aconseja «ultimar el plan global de seguridad de los Juegos antes de que finalice el primer semestre de 2023».
La seguridad de los Juegos Olímpicos y de la inédita ceremonia de apertura en el Sena ha sido objeto de numerosas reuniones durante los dos últimos años y de un reparto de responsabilidades entre el Estado, el comité organizador y las autoridades locales. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos a lo largo de seis kilómetros de orillas del Sena debería acoger a 600.000 espectadores.
En cuanto a los transportes en la región Isla-de-Francia, el Tribunal de Cuentas señala que «algunos proyectos son inciertos en esta fase en cuanto a su fecha de entrega y suponen una carga adicional para la red de transportes existente». «Varias operaciones de infraestructura (…) presentan riesgos importantes debido a calendarios ya ajustados y sin margen de maniobra real», indica, refiriéndose a Eole (proyecto de ampliación del tren RER E) y la remodelación de Porte Maillot. «Si no se completaran para los Juegos, el resultado sería una sobrecarga de líneas muy utilizadas difícil de sostener, con los consiguientes riesgos de incidentes y embotellamientos para los usuarios cotidianos. Estos fenómenos reducirían en gran medida la aceptabilidad del acontecimiento para la población», añade.
