Este miércoles, la Justicia argentina suspendió la implementación de una serie de reformas laborales que el presidente Javier Milei había resuelto mediante un decreto de necesidad y urgencia, un DNU, que entró en vigencia el 29 de diciembre pasado y que con más de 300 medidas buscaba una amplia desregulación de la economía, que iba más allá de lo laboral.
La decisión la tomó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que revirtió el fallo de un juez de primera instancia, e hizo lugar a una presentación de la semana pasada en la que la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical de Argentina, había pedido una medida cautelar contra el decreto del Gobierno.
La sentencia de la Cámara suspendió la aplicabilidad de una parte del decreto, la que implementaba una amplia reforma laboral, al modificar las indemnizaciones, extender los contratos a prueba y restringir el derecho a huelga, entre otras medidas.
Según la Cámara es competencia del Congreso legislar sobre esas materias y no considera válidos los argumentos del Gobierno de que se trata de un caso de necesidad y urgencia.
Un futuro incierto
Esta instancia judicial no es la única que enfrenta el decreto del Gobierno. Ya hubo otras presentaciones, como una que la Corte Suprema dijo que tratará en febrero, más otras más que podrían terminar en ese tribunal. La Corte podría decidir invalidar todo el decreto.
Eso sin contar con que todavía es posible que el Congreso decida rechazarlo y dejarlo sin efecto aún antes de que lo trate la Corte Suprema. En cualquiera de esos dos casos, sería un duro golpe para el intento de Milei de gobernar de espaldas al Parlamento.
El Gobierno apelará esta decisión, dijo a la AFP el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, poco después de conocida la decisión judicial.
RFI
