«Ladrón cogido, justicia indígena», fue el grito de guerra de unos 500 aborígenes y campesinos de Ecuador que marcharon el viernes por las calles de la ciudad andina de Latacunga, en protesta contra la violencia narco que atemoriza al país.
«La delincuencia comienza a atacar en las comunidades», expresó Lourdes Tibán, prefecta (gobernadora) de la provincia de Cotopaxi, cuya capital es Latacunga.
Tibán afirmó que ante esa situación, los pobladores aplicarán la justicia indígena, reconocida por la Constitución según sus tradiciones y mediante la cual personas acusadas de diferentes delitos han sido azotadas, bañadas con agua helada y hasta quemadas vivas en actos públicos.
La manifestación, que se desarrolló de forma pacífica desde una vieja estación de tren hasta la sede de la gobernación local, dejó en evidencia la desazón de la población por la crisis de seguridad que afronta la nación.
Grupos narcos con vínculos con carteles de México y Colombia aterrorizan con sus matanzas carcelarias, que dejan más de 460 presos desde 2021, y su ferocidad en las calles, en las que los homicidios pasaron de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes entre 2018 y 2023.
Cansados de la criminalidad, pobladores de la provincia de Cotopaxi marcharon con un gran cartel a la cabeza que decía: «El crimen y la delincuencia está dentro del Estado».
Castigo tradicional
Desde hace años las organizaciones narcos se infiltraron en funciones públicas como la justicia y convirtieron a Ecuador, con 17 millones de habitantes, en un estratégico centro de operaciones para el envío de cocaína a Estados Unidos y Europa.
«No vamos a entregar (a los delincuentes) a la policía», agregó Tibán, una líder nativa que enfatizó que la justicia indígena «se hará cargo de los delincuentes en las comunidades».
Los manifestantes también protestaron contra la política del presidente Daniel Noboa para obtener recursos para su lucha contra las organizaciones narcos, a las que tildó de «terroristas» y «beligerantes», ordenando a los militares a neutralizarlas.
Noboa declaró al país en «conflicto armado interno» ante una arremetida narco que en enero dejó una veintena de muertos, más de 200 policías y guardias penitenciarios retenidos temporalmente y atentados dirigidos a infraestructuras públicas y privadas.
El mandatario, quien asumió en noviembre pasado para 18 meses al ser elegido en comicios anticipados, planteó el aumento de 12% a 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como una de las alternativas para financiar la lucha contra el «terrorismo», lo que es rechazado por los pueblos originarios.
La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que participó en revueltas que derrocaron a tres gobernantes entre 1997 y 2005, lidera la oposición social a esa iniciativa, que fue rechazada por el Congreso, en el que el oficialismo es minoría.
A pesar de la negativa parlamentaria, Noboa insistió en su propuesta de alza, que generará unos 1.300 millones de dólares al año.
«No a los impuestos»
El IVA es una de las mayores fuentes de divisas para Ecuador y la tasa de 12% permitió una recaudación de unos 8.400 millones de dólares (8% del PIB) en 2023.
«Nuestra postura siempre ha sido no a los impuestos, no meter las manos al bolsillo de los ecuatorianos», manifestó a la AFP Agustín Cachipuendo, dirigente del área de Fortalecimiento Organizativo de la Conaie.
De subir el IVA «automáticamente subirán los productos de primera necesidad (…) perjudicando a los sectores más empobrecidos como a nuestros pueblos», añadió.
Reclamó más bien que el gobierno cobre casi 4.600 millones de dólares que por tributos adeudan empresas, incluidos unos 89 millones del Grupo Noboa, de la familia del presidente, que se dedica a diversas actividades como la exportación de banano.
La Asamblea Nacional, en el que la oposición está dispersa, aprobó en diciembre un paquete de reformas tributarias que contempla la condonación de intereses y multas, lo que permitirá recaudar unos 830 millones de dólares este año.
Un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, ratificado el miércoles por el Legislativo, tampoco se salvó de ser rechazado.
«El trabajo del agricultor es precarizado. No al TLC», apareció en otra pancarta que fue llevada detrás de la guardia indígena que abrió paso a la marcha.
AFP
