El Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador, informó que al menos 15 candidatos a las elecciones del 2 de junio han sido asesinados. El mandatario, consciente de que la situación de inseguridad se ha extendido por todo el país y los candidatos lo están pagando con su vida, ha reiterado su compromiso con la protección de los aspirantes.
«Estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular, por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad», dijo.
El Gobierno apunta que se han recibido más de 100 solicitudes de protección. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ha expresado que no todas las solicitudes son aprobadas: “Hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo”.
Las peticiones, precisó, incluyen a los tres candidatos a la Presidencia, siete aspirantes a gobernador, 27 al Senado y 71 a diputados.
Según detalló, de las 15 víctimas contabilizadas –cifra que México publica por primera vez– solo dos se habían registrado ya como candidatos oficiales, cinco eran precandidatos y ocho eran aspirantes. La última asesinada era la candidata del partido oficialista Morena (izquierda) a la Presidencia Municipal (ayuntamiento) de Celaya (Guanajuato).
Reparto de culpas
La última víctima mortal fue Gisela Gaytán, candidata de Morena al ayuntamiento de Celaya, perteneciente al estado de Guanajuato. Atacada a balazos en plena calle, ella misma había comunicado horas antes que había solicitado protección. Con lo cual, en la sociedad mexicana emergió una pregunta: ¿Quién protege a un candidato local?
El estado y las autoridades federales se acusan mutuamente. Mientras la Guardia Nacional y el Ejército deben brindar protección a candidatos de alto nivel (gubernaturas, diputados, Senado y Presidencia), son las instancias de seguridad locales quienes se encargan de la seguridad los aspirantes a diputaciones, alcaldías y regidurías, siempre que el Instituto Nacional Electoral solicite esa protección al mismo organismo electoral en la localidad correspondiente.
En el caso de Gaytán, que solicitó protección en marzo, se realizó el proceso, pero el Instituto Electoral de Guanajuato declinó la petición porque las campañas iniciaban oficialmente el 31 de marzo. La candidata fue asesinada el 1 de abril sin protección alguna.
Las cifras difieren
Para las organizaciones independientes, los 15 asesinatos reconocidos por el Gobierno son cifras que se quedan cortas. La consultora Data Int contabiliza 28 asesinados, mientras que Data Cívica reportó 10 el primer bimestre de 2024 y 11 en la segunda mitad de 2023.
En cuanto al Think Tank Laboratorio Electoral, el recuento llega a 51 asesinatos en el proceso electoral comprendido entre 2023 y 2024. En su recuento se detalla la fecha del asesinato y cuál era el papel del aspirante: entre las víctimas también hay asesores de partidos, colaboradores e incluso familiares de aspirantes, por lo que su recuento pone de manifiesto que los objetivos van más allá de los candidatos.
La organización advierte que “este proceso electoral ya superó la cifra de aspirantes a una candidatura, precandidatos o candidatos asesinados en el proceso de 2018”.
Las ONG confirman también que la violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de incremento, según sus propios registros: “En 2018 hubo 43 asesinatos relacionados con la violencia electoral, de los cuales 24 fueron de precandidatos o candidatos y en 2021 se dieron 88 asesinatos, de los cuales 30 correspondieron a precandidaturas o candidaturas”.
Las elecciones del 2 de junio serán las más grandes de la historia de México, con más de 20.000 cargos de elección popular y una lista aún creciente de 70.000 candidatos.
Con EFE, Reuters y medios locales
