El presidente Joe Biden emitió este martes 4 una orden ejecutiva que impide a los migrantes solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México cuando se registre un aumento de los cruces, una medida que llega en medio de un año electoral y que busca disminuir la presión sobre el sistema de inmigración y abordar una de las principales preocupaciones de los votantes.
Las restricciones entran en vigor cuando el promedio de siete días de cruces ilegales alcance los 2.500 por día. Los totales diarios ya superan ese número, lo que significa que la orden ejecutiva de Biden podría entrar en vigor de inmediato, permitiendo a los agentes fronterizos devolver a los migrantes a través de la frontera con México o a sus países de origen en cuestión de horas o días.
Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a 1.500 en promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de alcanzar. La última vez que el promedio de detenciones bajó a 1.500 fue en julio de 2020, en plena pandemia.
Por lo general, los migrantes que cruzan de manera ilegal y solicitan asilo son liberados en Estados Unidos a la espera de comparecer ante los tribunales, donde pueden defender sus solicitudes. Pero el enorme retraso acumulado hace que esos casos puedan tardar años en procesarse.
Según detallaron los funcionarios, quienes lleguen a la frontera una vez que se supere el umbral de 2.500 estarán sujetos a «un estándar significativamente más alto» para calificar al asilo.
En concreto, en esa instancia, los migrantes deberán demostrar que existe una «posibilidad razonable» de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen.
Los funcionarios argumentaron que Estados Unidos se adherirá a las obligaciones de la convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a alguien a un país donde puede ser torturado.
Sin embargo, si los migrantes no son capaces de demostrar que califican para asilo bajo este estándar más elevado, serán deportados en cuestión de «horas» o «días». Aquellos que sean mexicanos o nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela serán devueltos directamente a México en virtud de acuerdos previos de EEUU con las autoridades mexicanas.
Por otro lado, quienes lleguen a la frontera desde otras partes tanto dentro como fuera del continente americano, como Colombia y Ecuador, serán expulsados en vuelos de deportación.
La norma contempla excepciones: los no acompañados que viajan hacia el norte no están sujetos a las restricciones, al igual que las víctimas de tráfico de personas, aquellos que enfrentan una emergencia médica aguda o una amenaza extrema para su vida y seguridad.
Además, se seguirán procesando los casos de asilo de las personas que hayan pedido una cita a través de la aplicación móvil CBP One, que ofrece aproximadamente 1.450 citas diarias para pedir asilo.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) dijo que planea demandar la orden ejecutiva en los tribunales.
«El gobierno nos ha dejado pocas opciones más que demandar», dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU que lideró la estrategia contra el intento del gobierno de Trump para bloquear el asilo en 2018, lo que originó que la política fuera detenida por los tribunales federales. «Era ilegal bajo Trump y ahora no es menos ilegal».
Por su parte, la organización Human Rights Watch recordó que solicitar asilo «es un derecho humano (…) En lugar de revivir otra política de Trump anulada por los tribunales, Biden podría aumentar recursos en la frontera y ampliar las vías seguras y legales para emigrar».
La oenegé afirmó que esta medida de Biden «pone en riesgo miles de vidas» al bloquear nuevas solicitudes de asilo. Destacó además que las capacidades de procesamiento de las autoridades migratorias pueden modificarse para atender a los solicitantes de distintas nacionalidades.
Con información de The New York Times
