“Yo estoy a favor de la vida y el 70% de los brasileños también”. Ese es el argumento esgrimido por el diputado Cezinha de Madureira para defender un proyecto de ley que pretende endurecer las medidas ante el aborto y equipara la interrupción del embarazo después de la semana 22 con el homicidio.
El proyecto de ley fue presentado por el diputado federal Sóstenes Cavalcante y firmado por otros 31 diputados, entre ellos Madureira.
La mayoría pertenece al Partido Liberal, el mismo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. El 12 de junio, el presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, decidió de repente que este proyecto fuese votado de forma urgente. Fue una sesión simbólica y fulminante, que duró tan solo 23 segundos. Ahora el plenario del Congreso podrá votarlo sin tener que pasar por el filtro de las comisiones parlamentarias.
Este giro ha tomado por sorpresa al Ejecutivo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estaba camino a Italia para participar como invitado en la cumbre del G7, evitó comentar el asunto.
Después de dar un discurso en la sede de las Naciones Unidas en Suiza, el mandatario brasileño prefirió eludir ese asunto espinoso al ser cuestionado por los periodistas. Alegó que el proyecto está siendo discutido en la Cámara y dijo que respondería solo a su vuelta a Brasil.
Sin embargo, varios diputados de izquierda se han pronunciado en contra del texto. La congresista Natália Bonavides, por ejemplo, afirmó que Lira asestó “un golpe a los derechos de las mujeres” al aprobar “una solicitud urgente sin siquiera anunciar la votación”. Para esta parlamentaria, el nuevo texto obliga “a niñas y mujeres que sufren violencia sexual a tener un hijo con un violador”.
Aborto: un tema que divide a la sociedad en Brasil
El debate sobre la despenalización del aborto divide desde hace décadas a la población brasileña y, en varias ocasiones, ha llevado a la Corte Suprema a confrontar la postura del Parlamento, por lo general más conservador.
Según la legislación actualmente en vigor, de por sí bastante restrictiva, el aborto está prohibido en Brasil y solo se permite en tres casos: si el embarazo es resultado de una violación; si está en riesgo la vida de la madre; o si el feto es anencefálico. En estos tres casos, el aborto puede ser realizado en cualquier momento.
Fuera de estos supuestos, el aborto es considerado un delito que conlleva penas para la mujer que opta por abortar de hasta a tres años de prisión. Además, la ley castiga a la persona que ayude a una mujer a poner fin a su embarazo. En este caso, el castigo es de hasta cuatro años de prisión si hay consentimiento de la gestante y de hasta 10 años si no lo hay.
Si la nueva ley es aprobada, el aborto pasa a ser considerado un homicidio y, en los casos en que el aborto se produzca después de la semana 22 de embarazo, se prevén penas de seis a 20 años de prisión tanto para la mujer, como para cualquier persona que la ayude. El proyecto no modifica la ley en casos de anencefalia y embarazo con riesgo para la madre.
Mayor pena para una víctima que para el violador
Paradójicamente, el violador pagaría una pena más baja. El artículo 213 del Código Penal prevé que la condena mínima es de seis años cuando la víctima es mayor de edad, pero puede llegar a los 10 años.
“Muchas víctimas de violencia sexual solo consiguen darse cuenta de que están embarazadas, especialmente las niñas y las adolescentes, cuando ya están en una fase avanzada del embarazo porque ni siquiera pueden entender la violencia por la que pasaron. Este proyecto termina imponiendo más tiempo de prisión a la víctima de la violación que al violador», destaca la diputada Sâmia Bomfim.
«Entonces, la Justicia brasileña le está diciendo a la víctima: no basta con que hayas sido violada, no basta con que te hayas quedado embarazada después de la violación, seguirás encarcelada durante 20 años. En cuanto a su violador, si es identificado, irá a prisión por ocho o 10 años”, añade.
En Brasil, una mujer es violada cada ocho minutos, según datos del Ministerio de la Mujer. En 2022 fueron registrados 67.626 casos de violación. Las estadísticas del Ministerio de la Salud revelan que el principal lugar de agresiones a mujeres adultas, de 20 a 59 años, fue su propio domicilio (73%), frente al 14,5% de los incidentes que ocurrieron en la vía pública y el 3,2% en bares y restaurantes.
A menudo, la violencia intrafamiliar se ceba con las niñas y adolescentes. “El 70% de los casos de violación de niñas en Brasil ocurre en el hogar, siendo los agresores personas conocidas o incluso familiares. La familia tarda mucho en descubrirlo y, cuando lo hacen, quedan en el dilema de denunciar. Luego pasa el tiempo, no hay un servicio cercano para interrumpir la gravidez, hay que viajar, pero no hay dinero para cubrirlo. Hay innumerables barreras”, relata Henderson Fürst, presidente de la Comisión Especial de Bioética y Bioderecho de la Orden de Abogados de Brasil.
Para contrarrestar el enfoque conservador del Congreso, los partidos más progresistas han recurrido en más de una ocasión al Supremo Tribunal Federal (STF).
En septiembre de 2023, el STF comenzó a juzgar una acción para despenalizar el aborto para mujeres embarazadas de hasta 12 semanas. La jueza Rosa Weber, recién jubilada, fue relatora del proceso y registró su voto a favor de la despenalización. Pero, Luís Roberto Barroso, actual presidente del Supremo, optó por suspender el proceso.
En febrero pasado, Barroso afirmó que la Corte Suprema no tiene previsión de reanudarlo. Para él, en este momento no corresponde a la máxima instancia judicial del país pronunciarse sobre una práctica rechazada por la mayoría de la población.
Mientras tanto, miles de personas ya han salido a protestar en las principales ciudades del país. En Río de Janeiro varios manifestantes llevaban carteles con el lema “Niña no es madre” y “Violador no es padre”. Y frente al silencio de Lula, algunos miembros del Gobierno han optado por posicionarse.
El ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, ha definido la medida como “una inmoralidad y una regresión de los valores más básicos de la civilización”.
“Cuesta creer que la sociedad brasileña, con los innumerables problemas que tiene, esté discutiendo actualmente si una mujer violada y un violador tienen el mismo valor ante la ley. O peor aún: si un violador puede ser considerado menos criminal que una mujer violada. Esto es un desastre, una provocación”, señala.
Almeida defiende que el proyecto de ley es inconstitucional porque, en su opinión, viola el principio de la dignidad humana y somete a las mujeres maltratadas a una indignidad inaceptable y a un trato discriminatorio.
“Esta es la materialización jurídica del odio que una parte de la sociedad siente hacia las mujeres; es una ley que promueve el odio contra las mujeres. Como padre, como hijo, como ciudadano, como jurista, como ministro de Estado, no puedo conformarme con una propuesta dañina y violenta que ataca a las mujeres y beneficia a los violadores”, añade.
El 14 de julio fue el turno de la esposa del mandatario de Brasil, Rosângela ‘Janja’ Lula da Silva. La primera dama condenó el proyecto de ley que iguala el aborto después de 22 semanas al homicidio e instó a las mujeres a enfrentarlo y a “luchar juntas por sus derechos”. Desde las redes sociales, Janja afirmó que la medida “ataca la dignidad de las mujeres y las niñas”. También invitó al Congreso a aprobar acciones que garanticen que los abortos puedan realizarse en el sistema público de salud en los casos actualmente previstos por la ley.
Una polémica en vísperas de las municipales
La maniobra del presidente del Congreso tiene una lectura política. En octubre se celebran las elecciones municipales en todo Brasil, una cita importante para comprobar la solidez del Ejecutivo y la popularidad de Lula. En los últimos meses, el actual presidente ha intentado acercarse al sector evangélico, tradicional bastión electoral de Bolsonaro.
Con esta votación, la oposición intenta obligarlo a posicionarse sobre un asunto delicado en un año electoral.
“El presidente envió una carta a los evangélicos en campaña diciendo que estaba en contra del aborto. Queremos ver si ahora veta el proyecto de ley. Vamos a poner a Lula a prueba”, ha dicho provocativamente el autor del proyecto, Sóstenes Cavalcante.
Este diputado prevé que sea aprobado con más de 300 votos en el pleno de la Cámara, formada por 513 miembros. Incluso la llamada ‘bancada evangélica’ del Congreso cree que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula dará carta blanca a sus parlamentarios para evitar el desgaste en un año electoral.
“En el pasado, antes de la era Bolsonaro, la economía determinaba la reelección del presidente. Cuanta más prosperidad, más posibilidades de mantenerse en el poder. Lula aprendió a gobernar de esta forma. Fue gracias a los resultados económicos de sus primeros dos mandatos que consiguió que fuese elegida su sucesora, Dilma Rousseff, una gestora totalmente desconocida en aquel entonces», explica a France 24 Márcia Ribeiro Dias, politóloga y profesora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UniRio).
El PT de Lula «pudo seguir gobernando porque consiguió la ascensión de una parte de la población pobre a una nueva clase media con algún grado de autonomía financiera”, añade.
“Hoy, con el auge de las redes sociales y la proliferación de noticias falsas, comenzó a formarse la llamada agenda de los valores morales, como el aborto, que está ganando espacio frente a los temas económicos. Esto se debe a la fuerza de los evangélicos en la sociedad brasileña. La percepción de mejora de las condiciones económicas pasa a ser filtrada por una percepción de valores, de una forma que los propios resultados económicos se quedan nebulosos”, agrega.
Sin embargo, el intento de Lula de conversar con los evangélicos es una maniobra muy arriesgada y abocada al fracaso, dado que esta estrategia no ha demostrado todavía su eficacia.
“La desconfianza hacia Lula y la izquierda fue muy bien construida a lo largo de los años. Además, Lula puede decepcionar a su electorado típico, que no aprueba este tema y ni el tratamiento que le están dando. El aborto siempre va a ser una bomba en los Gobiernos de izquierda. Por el contrario, la extrema derecha mundial está muy bien articulada y aprovecha el tirón de este nuevo paradigma, como han demostrado las elecciones al Parlamento Europeo”, concluye Ribeiro.
Un tema del G7
Esto ha quedado patente también en el encuentro del G7 celebrado en el sur de Italia.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no ha hecho el mínimo esfuerzo para disimular su irritación hacia el presidente de Francia, Emmanuel Macron. La razón: la mandataria de derecha quería eliminar el derecho al aborto en la declaración final de la cumbre y se ha topado con la oposición de Francia, Estados Unidos y la Unión Europea.
Al final, Meloni se ha salido con la suya. El borrador de declaración final de la cumbre del G7 no incluye ninguna referencia directa al derecho al aborto. Es una demostración de que la agenda de valores morales avanza y pesa cada vez más en las instituciones nacionales e internacionales.
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