La organización Foro Penal registró que suben a 835 las detenciones desde el 29 de julio, cuando comenzaron protestas en todo el país, tras las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral da una victoria a Nicolás Maduro.
El último reporte es hasta las 6:00 p.m. de este viernes 2 de agosto. De los detenidos, que son adolescentes, el número también se elevó al pasar de 75 a 79.
En todos los estados se registran detenciones, la mayoría en: Distrito Capital con 135, Carabobo con 133, Anzoátegui con 109, Miranda con 68 personas detenidas, Barinas con 50, Nueva Esparta con 41, Zulia con 41 y Portuguesa 40. Las organizaciones de derechos humanos señalan que se les impide a los detenidos ver abogados privados o comunicarse con sus familiares.
La mayoría de las personas detenidas en Caracas se encontraban recluidas en la estación de la Policía Nacional Bolivariana, Zona 7 de Boleíta. Un defensor de DDHH publicó en X que 75 detenidos en este lugar fueron trasladados el 31 de julio a Yare III.
La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció la mañana de este viernes 2 de agosto que familiares del joven Juan Hidalgo Rodríguez, de 21 años de edad, detenido el día 30 de julio en Naguanagua, estado Carabobo «se encuentra muy delicado de salud por las torturas recibidas». La organización pidió atención médica urgente.
Foro Penal advirtió que la Guardia Nacional, la Policía Nacional, “y lamentablemente con la actuación de colectivos armados vinculados al Estado venezolano”, están generando una ola represiva igual a la de 2014 y 2017. “Cuidado sino mucho peor si no la atajamos a tiempo, nuestro llamado es a la calma a que las personas tienen derecho a manifestar de manera pacífica, cada una de las personas tiene derecho a pedir que haya transparencia”, indicó Alfredo Romero, director de la organización.
Provea también pidió que se garantice el debido proceso y defensa «todas las personas injustamente detenidas».
En el estado Zulia el Foro Penal informó que pudieron verificar la liberación sin presentación de dos detenidos desde la PNB. También se decretó medida privativa de libertad a un menor de edad, «aunque existe duda sobre el límite de edad para su imputabilidad».
Nueve personas detenidas (mayores de edad), también en el estado Zulia, fueron privadas de libertad bajo los delitos de terrorismo, incitación a la violencia, obstaculización a la vía pública, promoción. Actualmente se encuentra recluidos en DESUR. A tres detenidos de Villa del Rosario, Zulia, se les decretó privación de libertad bajo los delitos de – terrorismo, incitación al odio, destrucción del material y dañó a los bienes públicos con violencia.
La Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan) logró identificar 40 detenciones en Barinas de las cuales, siete personas fueron liberadas y 32 seguían detenidas. Los detenidos excarcelados en Barinas son: Brandon Terán, Brayan Terán, Andrés Gómez, Naura Elmatni, Jesús Bermúdez, José Manuel Robles y Miguel José Robles.
Las 32 personas que continúan detenidas en Barinas son: Kelvin Ángel, Luis Torres, José Rondón, Rafael Moreno, Dayert Ortega (menor de edad), Víctor Manuel la Cruz, Miguel Wuiza, Milexis Peña, Alexzey Cáceres, Luis Bustamante, Jesús Soler, Yuosnel Alvarado, Jesús Ortiz, Héctor Cuicas, Diego Pumar, Eliécer Alvarado, Tifanny Colmenarez, Daniel Ortiz, Edwin Gallardo, Yorman Contreras, Luis Alarcón, Yordan Moreno, Arturo Leo, Anyarlis Sánchez, Edgar Silva, Junnior Becerra, José Rondón, Emilio Zabala, Luis Daniel Chacín, Gamaliel Carvajal, Juan Parra y Euclides Márquez.
Roland García, director de Fundehullan, explicó que después de 24 horas de las detenciones en Barinas, ha existido muy poco acceso a información sobre las personas detenidas, lo que ha impedido a los familiares conocer el estado de salud, tampoco han tenido acceso a conversar con estas. «Pedimos a las autoridades a dar respuestas y darle acceso a sus abogados», dijo García.
En una rueda de prensa Lexys Rendón del Laboratorio de Paz se refirió a las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab.
«Nos preocupan las denuncias de personas que todavía no podemos identificar, ¿dónde están? El fiscal dijo que habían 749 personas detenidas, ¿dónde están esas personas, con quién, bajo qué órgano de seguridad y de qué se les acusa?» preguntó la defensora de derechos humanos.
Provea, Foro Penal y Laboratorio de Paz hicieron un llamado al Estado venezolano a garantizar la vida de todas las personas que se manifiestan y apuntaron que los colectivos armados no pueden estar atacando sin que haya una actuación de control por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Asimismo, advirtieron que una vez más el derecho a la manifestación pacífica está siendo enfrentado con represión, con persecución y con muerte en Venezuela y recordaron que la población tiene el derecho a expresarse.
En Trujillo se repite la situación
Vecinos de la urbanización La Floresta en Valera, estado Trujillo señalaron a TalCual que un grupo de jóvenes estaban reunidos, mientras se dio un cacerolazo en la zona, posteriormente llegó una patrulla y se llevaron a varios de ellos. Familiares, que pidieron no identificar a uno de los jóvenes, señalan que no saben de este desde el 29 de julio, creen que le están dando comida, debido a que se la envían a través de un funcionario. Hasta ahora lo único que saben es que habría sido sentenciado por terrorismo y que no le han permitido defensa privada.
Activistas políticos detenidos y asediados
Primero Justicia informó este viernes 2 de agosto que Rita Capriti, vicepresidenta de ese partido en Formación y Programas en el Estado Aragua, fue «secuestrada a las 12:00 a.m. en su casa en la Ciudad de Turmero». Sobre este caso Provea señaló que se desconoce su paradero, «aumentando posibilidad de ser víctima de desaparición forzada».
«Alertamos sobre el grave patrón de persecución y represión sistemática por motivos políticos que está viviendo la población civil del país tras resultados del CNE. Maduro ya ha señalado tener más de 1.200 personas detenidas arbitrariamente», escribió Provea en X.
Otro activista de Primero Justicia detenido es Edward Ocariz. La denuncia fue hecha la tarde de este 2 de agosto. «Funcionarios policiales de Maduro detienen arbitrariamente al activista y miembro del Comité de DDHH de Coche, Edward Ocariz. Edward ya había denunciado amenazas de simpatizantes oficialistas. Exigimos su libertad, respeto a su vida e integridad y derecho al debido proceso», exigió Provea.
La organización apuntó que al momento de la detención, los funcionarios policiales no mostraron orden de allanamiento, ni de captura, como tampoco «ha ocurrido en cientos de casos».
El partido Voluntad Popular (VP) alertó en su cuenta de Instagram que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana asediaban la casa de Jacinto Muñoz, responsable de VP Monagas. También indicaron que una grúa intentaba llevarse el vehículo de Muñoz. El partido señaló que «existe una arremetida» contra este partido.
La organización de DDHH Fundehullan reportó la detención arbitraria de Dennys León, coordinador organizacional de Vente Venezuela, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Barinas. «Instamos a la autoridades a respetar el derecho a la libertad personal y el debido proceso. Debe cesar la política de criminalización ya», exigieron.
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