La administración de Nicolás Maduro expresó este jueves su rechazo a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Nicaragua.
Según un comunicado de la cancillería venezolana, estas medidas “coercitivas unilaterales”, que afectan a dos empresas mineras en Nicaragua, buscan socavar “la voluntad antimperialista y patriótica” del país centroamericano.
Además, la administración de Nicolás Maduro condenó la sanción impuesta al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia, ubicado en la ciudad de Managua. “Venezuela expresa su más profundo rechazo a las nuevas agresiones perpetradas por el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo y Gobierno de Nicaragua”, señaló el texto.Finalmente, exhortó a la “comunidad internacional a condenar estas acciones retrógradas e injerencistas” que, a su juicio, buscan lesionar el “derecho a la libre actividad económica y la autodeterminación de los pueblos”.Este miércoles, la administración de Joe Biden impuso una serie de sanciones al gobierno de Nicaragua, afectando a numerosos funcionarios y empresas, en respuesta a presuntas violaciones de derechos humanos y ser “cómplices en la explotación de migrantes”.
En una conferencia telefónica con la prensa, altos cargos de la Casa Blanca revelaron que el Departamento de Estado ha establecido restricciones de visa a más de 250 individuos. Entre ellos se encuentran diversos miembros del gobierno de Nicaragua y sus familiares, acusados de respaldar “el ataque a los derechos humanos del régimen de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo”.
La lista de sancionados por el Departamento de Estado incluye a policías, personal paramilitar, agentes penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de instituciones de educación superior pública.Además, las sanciones se extienden a la Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA) y a Capital Mining Investment Nicaragua, dos empresas mineras que comercian con oro, las cuales son consideradas por EE UU como “afiliadas al gobierno” del país centroamericano y vistas como una fuente de “ingresos para el régimen de Ortega-Murillo”.
