El sobrino de Adriana Francese, Renato, murió el 4 de mayo, a los 18 años. Ingresado en cuidados intensivos tras un accidente de moto, falleció a causa de una neumonía provocada por una bacteria presente en el fentanilo que le habían administrado como sedante. “Esperamos que se haga justicia”, susurra la afligida madre. “Hay que identificar a todos los responsables, empezando por el laboratorio”.
A finales de noviembre, una inspección de la Anmat, la autoridad reguladora de medicamentos en Argentina, señaló graves irregularidades en la producción del medicamento en cuestión por parte del laboratorio HLB Pharma.
“Nunca se tomó ninguna medida contra el laboratorio, se permitió que siga fabricando y comercializando las ampollas de fentanilo que terminan siendo las que provocan todas estas muertes”, se indigna Adriana Francese.
La Anmat presentó una denuncia después de que un hospital descubriera las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en el fentanilo médico. Tras una inspección, el organismo cerró el laboratorio y prohibió en febrero “su actividad de producción, tres meses antes de la primera muerte por fentanilo contaminado”, en mayo.
El Gobierno en el punto de mira
Sin embargo, el jueves, el Gobierno argentino había estimado en al menos 100 el número de pacientes fallecidos en circunstancias similares a las del joven Renato. Las muertes se registraron en hospitales de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe (centro), Formosa (noreste) y Córdoba (centro), según indicó el juez Ernesto Kreplak, encargado del caso, al periódico La Nación en un artículo publicado el miércoles.
Según el artículo, al menos 24 personas están siendo investigadas. Entre ellas, Ariel Furfaro García, propietario de las empresas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que habrían producido y vendido el fentanilo contaminado. Se cree que se distribuyeron cinco lotes contaminados en ocho hospitales y centros de salud del país.
Dos semanas antes, las familias de los pacientes fallecidos se manifestaron frente al Hospital Italiano de La Plata, a 60 km al sur de Buenos Aires, exigiendo “justicia para las víctimas del fentanilo”.
Silencioso desde el inicio del caso hace tres meses, el presidente Javier Milei acusó el jueves a la oposición de encubrir al propietario del laboratorio implicado. Y, en opinión de Adriana Francese, el mandatario también tiene su parte de responsabilidad en este asunto: «Utiliza a las víctimas de esta tragedia de la que también son responsables para hacer campaña política. Creo que agrava aún más el daño causado”.
Por su parte, la oposición señala las deficiencias en el proceso de control a cargo del gobierno de Javier Milei, que ha hecho de la desregulación su lema.
RFI
