El Gobierno argentino del presidente, Javier Milei, ratificó este 4 de agosto el veto al alza de la pensiones, la reapertura de la moratoria provisional y la mejora de las condiciones económicas de las personas en situación de discapacidad.
El Ejecutivo publicó en el Boletín oficial la medida que paraliza en su totalidad las tres leyes, que habían sido aprobadas en el Congreso, el pasado 10 de julio.
“El presidente de la Nación, Javier Milei, ha vetado los proyectos que el Congreso aprobó recientemente de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal”, expresó la Casa Rosada en un comunicado.
Asimismo, la Administración de Milei argumenta en el documento que el veto se debe a razones fiscales, ya que si se aprueba un aumento en los pagos a los jubilados y a las personas discapacitadas, se estaría incrementando el gasto estatal.
“A diferencia de los políticos de la casta, este presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre”, reza el texto oficial.
Desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023, el jefe de Estado ha emprendido una lucha política para intentar reducir el tamaño y el gasto del Estado de Argentina. Durante su mandato, el ultraderechista ha cerrado varias instituciones públicas como la agencia de noticias Télam y ha reducido el incremento de las ayudas otorgadas por el Gobierno.
Según medios locales como el diario ‘La Nación’, Milei había notificado el pasado sábado 2 de agosto que el decreto iba a ser publicado a primera hora de este lunes 4 de agosto.
Tras conocerse el veto, buena parte de la oposición al Ejecutivo, liderada por la Coalición Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y de Trabajadores condenó la decisión del Gobierno de no aumentar el monto mensual para los pensionados y las personas en situación de discapacidad.
“Repudiamos el veto del presidente Javier Milei a las leyes de aumento de haberes jubilatorios, emergencia en discapacidad y prórroga de la moratoria previsional. El Congreso debe tratar con urgencia el rechazo al veto. Si hubo votos para aprobarlas, que haya la misma coherencia para defenderlas. La dignidad del pueblo no se veta”, declaró en su cuenta de X, la diputada de Unión por la Patria, Lorena Pokoik.
“Desde la Unión Cívica Radical seguiremos luchando por una salida inclusiva que priorice a los más vulnerables frente a un gobierno que los castiga sin tregua, afirmó, por su parte, la UCR, otra de las agremiaciones políticas críticas con la postura de “cero gasto” del presidente y su gabinete.
¿Cuál es la situación de los pensionados en Argentina?
El pasado julio, el Congreso argentino aprobó un aumento de 7,2% para todas las personas que tienen el derecho a una jubilación. A su vez, se estipuló que el bono pensional pasaría de 70.000 pesos argentinos a 110.000 pesos argentinos y se incrementaría progresivamente con el ritmo de la inflación.
Por otra parte, la norma determinaba la restitución dos años de moratoria. Es decir, que las personas que no cuentan con los 30 años de aportes para pensionarse, cifra establecida por el sistema argentino de jubilaciones para acceder al retiro remunerado, podían comprar contribuciones faltantes para llegar a la cifra mínima de cuotas.
Según la Administración Milei, estos incrementos implicarían gastos adicionales de más de siete billones de pesos argentinos, el equivalente a alrededor de 5.133 millones de dólares este año y 17 billones de pesos argentinos para 2026, lo que supone 12.467 millones de dólares al tipo de cambio actual.
Actualmente, según cifras oficiales, el valor de la pensión mínima, que es cobrado por el 63,5% de los retirados es de 384.300 pesos argentinos, alrededor de 279 dólares.
Sin embargo, buena parte de la oposición, organizaciones sindicales, y miles de retirados aseguran que el dinero otorgado por el Estado, que hoy en día no se actualiza con respecto a la velocidad de la inflación, no alcanza para satisfacer las necesidades básicas de los argentinos de la tercera edad.
Según datos de las entidades estadísticas del Gobierno de Argentina, una persona con vivienda propia necesita un ingreso no menor a 365.177 pesos, el equivalente a alrededor de 265 dólares, para no ser considerada pobre.
“Los jubilados, los pensionados, todo este sector que hoy no tiene red social ni política, literalmente se está muriendo de hambre, declaró el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, a la radio local Splendid AM 990.
Con el paso del tiempo de Javier Milei a cargo de la Presidencia, y la reticencia del Gobierno de destinar más fondos para los jubilados, desde hace meses miles de retirados se reúnen en el centro de Buenos Aires semanalmente para protestar en contra de la postura del Ejecutivo.
¿Se puede reversar el decreto de Milei?
Tras conocerse la publicación del decreto, la oposición al Gobierno Milei anunció que intentará revertir la decisión del presidente por medio de un proceso en el Legislativo.
Para lograr su objetivo, los adversarios políticos de la Casa Rosada necesitan al menos dos tercios de los votos de los legisladores que componen el hemiciclo, de las dos cámaras que componen el Congreso de Argentina.
Por tanto, si la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores ratifica la decisión del Ejecutivo, los proyectos de ley quedarían oficialmente hundidos.
“Estamos trabajando para juntar los dos tercios”, afirmó la diputada de Unión por la Patria, Paula Pennaca, a la radio digital, Futurock.
Mientras tanto, el diario ‘La Nación’ reportó que legisladores de la agrupación La Libertad Avanza, liderada por el jefe de Estado, también iniciaron el lobby legislativo para obtener el apoyo de formaciones políticas como Propuesta Republicana (PRO), dirigida por el exmandatario, Mauricio Macri. El objetivo es defender la postura de Milei y no dejar avanzar el aumento de las pensiones y la mejora de los beneficios económicos de la personas en situación de discapacidad.
Con EFE y medio locales
