Decenas de campesinos encabezados por indígenas bloquearon este lunes dos importantes vías de Bolivia, en el inicio de una protesta por tiempo indefinido ante la probable aprehensión de su líder, el expresidente Evo Morales, investigado por el presunto abuso de una menor cuando ejercía el poder.
«Esta tarde, mañana, hasta los próximos días, todo el país va a estar bloqueado», anunció Ponciano Santos, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en una declaración a la prensa.
La protesta se concentra en las rutas que comunican al departamento Cochabamba -donde Morales pasa la mayor parte del tiempo- con las ciudades de Sucre y Santa Cruz.
Allí, los manifestantes cerraron el paso con piedras y tierra. En Parotani, uno de los puntos de la vía que conduce a La Paz, chocaron con la policía, que empleó gases lacrimógenos, según imágenes transmitidas por los organizadores de la manifestación.
Las autoridades no han reportado detenciones o heridos.
Al frente de los bloqueos está el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones afines al exmandatario de 64 años, que se movilizó «para resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro» de Morales, según anunció en un manifiesto.
Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está siendo investigado por los delitos penales de «estupro, trata y tráfico de personas».
El jueves incumplió una citación de la fiscalía del departamento Tarija para que diera su declaración, con lo que la autoridad podría ordenar su aprehensión.
Convertido en el mayor opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, el expresidente tilda el caso como una «mentira más» que ya investigó y archivó la justicia en 2020, sin que según él hallara nada en su contra.
«Gobierno traidor»
El presunto abuso se remonta a la época en que el líder cocalero era presidente, en 2015. Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016, según la denuncia que indaga el ministerio público.
Los hechos habrían ocurrido en Tarija, un departamento al sur de Bolivia.
Según el expediente, los padres de la víctima -también investigados- la inscribieron en la «guardia juvenil» de Morales «con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor».
La defensa del expresidente alega que el caso ya fue revisado y archivado en 2020.
En su manifiesto, los seguidores del Morales arremetieron contra Arce, otrora afín a Morales y con el que ahora mantiene una pugna por la candidatura oficialista para las presidenciales de 2025.
«El gobierno traidor (…) no respondió nuestro pliego petitorio, ni tuvo la voluntad de convocar al diálogo, sobre el abastecimiento de combustible, la escasez de dólares, el alza de la canasta familiar, el grave endeudamiento interno y externo», entre otras actividades que afectan la economía, señaló el Pacto de Unidad.
Ante el inicio de los bloqueos, la ministra de la presidencia, María Nela Prada, convocó a Morales a un diálogo con Arce para tratar la crisis económica, pese a que el líder indígena ha rechazado varias veces la invitación.
Por su parte, Santos afirmó que la convocatoria para dialogar no debería haber sido hecha al exmandatario, sino al Pacto de Unidad, que decidió salir a las carreteras.
«Si quieres diálogo, hagamos diálogo en punto de bloqueo, donde tú quieras», dijo el portavoz en su aparición ante los medios en la ciudad de Santa Cruz.
Bajo reserva
Este lunes la fiscal a cargo de la investigación, Sandra Gutiérrez, se abstuvo de responder a los periodistas si pedirá la detención de Morales.
«Por estrategia investigativa, vamos a evitar dar mayores detalles sobre este caso», comentó.
El padre de la presunta víctima fue arrestado el viernes por no presentarse, al igual que el líder cocalero, a declarar ante la justicia.
Se le dictó una prisión preventiva de cuatro meses, de acuerdo con el ministerio público.
En el marco de la primera jornada de protesta, Morales volvió a acusar al gobierno de Arce de reactivar el proceso judicial para meterlo preso o incluso matarlo para impedirle que sea candidato presidencial en 2025.
«Pretenden inhabilitarnos a través de procesos judiciales. Y, finalmente, promover tal nivel de violencia legitimada que resulte en episodios como el atentado» fallido contra la expresidenta de Argentina Cristina Fernández en 2022, escribió el exgobernante en X.
AFP
