La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes 19 de mayo a la administración de Donald Trump para revocar el TPS, un permiso para permanecer legalmente en el país, a miles de migrantes venezolanos.
La orden del tribunal, con solo un voto en contra, suspende el fallo de un juez federal de San Francisco que mantuvo vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, otorgado durante la administración Joe Biden.
El estatus permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros para el regreso debido a desastres naturales o conflictos civiles.
La orden fue breve y señaló que la jueza progresista Ketanji Brown Jackson habría rechazado previamente una petición similar, pero el proceso legal sigue abierto en instancias inferiores, dejando abierta la posibilidad de futuras decisiones judiciales.
La medida deja a más de 350.000 venezolanos en Estados Unidos en riesgo de deportación. Este caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que la administración del presidente Donald Trump ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la migración. La semana pasada, el gobierno solicitó a la corte que le permitiera cancelar la libertad condicional humanitaria de cientos de miles de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El alto tribunal también ha estado involucrado en batallas legales por los esfuerzos de Trump para deportar rápidamente a venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una prisión en El Salvador bajo una ley de guerra del siglo XVIII llamada Ley de Enemigos Extranjeros.
TPS beneficiaba a miles de venezolanos
Debido a la crisis política y social en Venezuela, la administración Biden anunció en marzo de 2021 que los venezolanos serían elegibles para beneficiarse del programa federal de Estatus de Protección Temporal (TPS), vigente desde 1990.
Este programa busca ofrecer ayuda humanitaria a personas provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras calamidades. Los beneficiarios obtienen estatus legal y autorización laboral por hasta 18 meses, con posibilidad de extenderse.
Las protecciones debían expirar el 7 de abril, pero el juez federal de distrito Edward Chen ordenó una pausa en esos planes. Concluyó que la expiración amenazaba con afectar gravemente la vida de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en pérdidas de actividad económica.
Chen, quien fue designado para el cargo por el presidente demócrata Barack Obama, concluyó que el gobierno no había demostrado ningún daño causado por mantener vivo el programa.
Pero el procurador general D. John Sauer escribió en nombre de la administración que la orden de Chen interfiere inadmisiblemente con el poder de la administración sobre inmigración y asuntos exteriores. Además, dijo que las personas afectadas por el fin del estatus de protección podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país.
El Nacional
