Una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitió la inhabilitación de una pista de aterrizaje clandestina en la comunidad de Huamboya, en la provincia amazónica de Morona Santiago. La pista, presumiblemente usada para actividades vinculadas al narcotráfico, se encontraba camuflada bajo la fachada de una iglesia evangélica. Según información oficial difundida por la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) el 3 de abril de 2025, la infraestructura era operada por ciudadanos mexicanos que no pudieron justificar el origen de los fondos empleados para su construcción.
Este caso, que combina sofisticación logística con encubrimiento religioso, pone en evidencia el grado de penetración de las organizaciones criminales transnacionales en el territorio ecuatoriano. El uso de fachadas religiosas para ocultar actividades ilícitas no es común en el país. La pista fue destruida en como parte de un operativo que se enmarca en los esfuerzos de las fuerzas de seguridad del Estado por desarticular las redes del narcotráfico que han proliferado en el país, incluyendo la región amazónica.
Ecuador, a pesar de no ser un país productor de cocaína, se ha convertido en uno de los principales centros logísticos del narcotráfico internacional.
Su ubicación estratégica, entre Colombia y Perú —los dos mayores productores mundiales de cocaína—, lo posiciona como un corredor natural para el transporte de drogas hacia los mercados de consumo en Norteamérica y Europa. Esta condición geográfica, sumada a debilidades estructurales en los sistemas de control fronterizo, puertos y aeropuertos, ha sido aprovechada por los carteles, quienes han convertido al país en un punto de tránsito clave en la cadena global del narcotráfico.
El uso de pistas clandestinas es una práctica cada vez más frecuente en este contexto. Según datos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre 2021 y 2023 se identificaron al menos 80 pistas de aterrizaje ilegales en todo el territorio nacional, muchas de ellas en zonas de la Amazonía, donde la baja densidad poblacional y la geografía compleja dificultan la vigilancia estatal.
Estas pistas suelen ser utilizadas por aeronaves ligeras para ingresar y sacar cargamentos de droga, en operaciones rápidas que permiten evadir controles aéreos. Algunas de estas aeronaves son detectadas por los radares, pero muchas otras logran aterrizar y despegar en menos de 15 minutos, lo que complica su intercepción. Además vuelan a alturas casi indetectables para los sistemas de monitoreo.
Además de las rutas aéreas, el narcotráfico en Ecuador se sostiene también por una extensa red de puertos marítimos, principalmente en la costa del Pacífico. El puerto de Guayaquil ha sido identificado por autoridades internacionales como uno de los principales puntos de salida de droga hacia Europa.
La sobrecarga de contenedores y la corrupción dentro de los sistemas portuarios han sido señaladas como causas del crecimiento del tráfico por vía marítima. En este escenario, las pistas clandestinas operan como un mecanismo complementario que conecta las zonas de acopio —muchas de ellas en áreas selváticas o fronterizas— con los centros logísticos en la costa.
La pista desmantelada en Huamboya representa un caso simbólico de la capacidad de adaptación de las mafias del narcotráfico. No solo se construyó en un área remota de la Amazonía, sino que fue diseñada para pasar desapercibida bajo el disfraz de un centro religioso. Las autoridades no han precisado cuántas operaciones se realizaron desde esta infraestructura ni el tiempo que llevaba funcionando, pero confirmaron que los ciudadanos extranjeros vinculados con el lugar están siendo investigados. La Fiscalía aún no ha informado sobre posibles procesos penales en curso.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana calificó el operativo como un golpe al crimen organizado y reiteró que continuará trabajando de forma coordinada con otras instituciones del Estado para neutralizar este tipo de estructuras. En su comunicado oficial, la FAE destacó que la lucha contra el narcotráfico no solo es una prioridad nacional, sino también una obligación internacional, debido al impacto que este delito tiene en la seguridad regional.
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