El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves 5 de junio sanciones para cuatro juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) por la investigación que se lleva a cabo contra Israel a raíz de la guerra de Gaza y las acciones de EE. UU. en Afganistán.
Con esto, Estados Unidos prohibirá a las cuatro juezas la entrada en Estados Unidos y congelará sus propiedades o haberes en el país.
Se trata de una nueva ronda de sanciones contra ese organismo por parte de la Administración de Donald Trump, que en febrero sancionó al fiscal de la CPI, Karim Khan.
Los juezas sancionadas este jueves son Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín; y Beti Hohler, de Eslovenia.
Beti Hohler y Reine Alapini-Gansou participaron en los procedimientos que condujeron a la orden de detención dictada en noviembre contra Netanyahu.
El tribunal encontró “motivos razonables” de responsabilidad penal contra Netanyahu y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad en la ofensiva masiva en Gaza.
Las otras dos magistradas, Luz del Carmen Ibáñez Carranza y Solomy Balungi Bossa, formaron parte del proceso que condujo a la autorización de una investigación sobre militares estadounidenses acusados de haber cometido crímenes de guerra durante la guerra de Afganistán.
Según el Departamento de Estado, estos “individuos participaron en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos últimos”.
“La CPI está politizada y falsamente afirma tener discreción ilimitada para investigar, acusar y procesar a ciudadanos de Estados Unidos y nuestros aliados”, añadió.
“Estados Unidos tomará todas las medidas que considere necesarias para proteger su soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado estadounidense ante acciones ilegítimas de la CPI”, apuntó.
El tribunal con sede en La Haya, Países Bajos, denunció que la medida estadounidense constituye un “claro intento de socavar la independencia” de una institución judicial internacional. Agregó que apoyaba “plenamente” a su personal y que continuaría su trabajo “sin inmutarse”.
Trump firmó en febrero pasado una orden ejecutiva para imponer sanciones a funcionarios de la CPI, organismo que emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
La CPI, que se creó a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión.
Sin embargo, países como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.
Cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, la CPI si tiene jurisdicción para abrir una investigación, aunque los autores sean nacionales de un país no miembro.
Con EFE, Reuters y AFP
