La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), responsable del metro de Nueva York, presentó este martes una demanda contra la Administración de Donald Trump por la retención de casi 60 millones de dólares destinados a la ampliación de la Segunda Avenida, un proyecto que podría sufrir retrasos.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la acción judicial junto al director de la MTA, Janno Lieber, explicando que el gobierno federal no liberó los fondos pese a advertencias previas.
La demanda, dirigida contra el Departamento de Transporte de Estados Unidos, fue presentada por incumplimiento de contrato.
“Una vez más, Nueva York se ha visto obligada a demandar a la administración Trump para impedir que suspenda fondos para infraestructura“, afirmó Hochul.
La gobernadora recordó que la ampliación del metro es una promesa incumplida durante décadas para los residentes de East Harlem.
“Durante casi un siglo, se les ha prometido este proyecto sin que se materialice”, señaló.
La iniciativa, propuesta en la década de 1920, ha enfrentado numerosos obstáculos.
La primera fase se completó en 2017, mientras que la segunda prevé extender la línea Q hasta la calle 125 en East Harlem, con tres nuevas estaciones.
El proyecto tiene un coste de 6.900 millones de dólares, con financiación parcial federal, y está previsto para 2032, aunque la retención de más de 58 millones podría retrasarlo.
En octubre, la Administración Trump también suspendió fondos para este proyecto y el proyecto ferroviario Gateway, aunque este último continuó tras una demanda judicial.
Según el Departamento de Transporte, la retención responde a una revisión de contratos vinculada a políticas de diversidad, equidad e inclusión.
Hochul responsabilizó directamente a Trump: la “suspensión ilegal de la financiación pone todo en peligro”.
“Si no restablecía la financiación, acudiríamos a los tribunales, y hoy lo estamos haciendo”, añadió.
Por su parte, Lieber destacó que 200.000 neoyorquinos usan diariamente la línea Q y 100.000 llevan décadas esperando su extensión.
Políticos y activistas advirtieron que los principales afectados serían las comunidades negra y latina, donde cerca de 70% depende del transporte público.
