El Parlamento de Italia dio un primer paso clave hacia la aprobación de un decreto-ley impulsado por el gobierno de Giorgia Meloni, que restringe el acceso a la nacionalidad italiana para descendientes de emigrantes que viven en el extranjero.
El Senado aprobó el texto con 81 votos a favor y 37 en contra, y ahora debe ser ratificado por la Cámara de los Diputados para que se complete el proceso legislativo. En Italia, los decretos-ley deben ser aprobados por el Parlamento en un plazo de 60 días o pierden vigencia.
“Este resultado es muy importante porque la medida pretende devolver dignidad y significado a un derecho que debe estar basado en un vínculo verdadero con Italia, no solo burocrático sino también cultural”, afirmó el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, principal promotor de la iniciativa.
El 28 de marzo, el Ejecutivo aprobó esta reforma legal para frenar el uso masivo y comercialización de solicitudes de ciudadanía, que ha crecido notablemente, sobre todo en países de Sudamérica.
La nacionalidad en ItaliaItalia otorga la nacionalidad, entre otras vías, mediante el principio del ‘Ius Sanguinis’ (derecho por sangre o ascendencia), lo que ha permitido que millones de descendientes de emigrantes italianos reclamen este derecho.
Tajani explicó que el número de italianos residentes en el extranjero ha aumentado 40% en diez años, pasando de 4,6 millones a 6,4 millones, con Sudamérica como principal foco. En este sentido, destacó que en Argentina los reconocimientos pasaron de 20.000 en 2023 a 30.000 en 2024, en Brasil de 14.000 en 2022 a 20.000 en 2023, y en Venezuela hubo casi 8.000 en 2023.
Ante este escenario, el gobierno decidió introducir restricciones al proceso de solicitud de nacionalidad.
Según el nuevo marco legal, solo se concederá automáticamente la nacionalidad a los descendientes durante dos generaciones, es decir, si uno de los padres o abuelos nació en Italia.
Además, se establece que quienes hayan nacido y residan en el extranjero deberán mantener vínculos efectivos con Italia, cumpliendo al menos una vez cada 25 años con sus derechos y deberes como ciudadanos italianos.
En una fase posterior, la reforma exigirá que las solicitudes se tramiten exclusivamente ante una dependencia del Ministerio de Exteriores, y ya no a través de los consulados, que se han visto saturados por el volumen de solicitudes en los últimos años.
El Nacional
