El Senado brasileño aprobó una enmienda constitucional que limita los derechos indígenas a reclamar tierras ancestrales únicamente si las ocupaban en octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución de ese año.
La medida, conocida como “marco temporal”, recibió el respaldo de 52 senadores, frente a 15 votos en contra y una abstención. Tras este paso, la propuesta será debatida en la Cámara de Diputados, mientras el país se prepara para una inminente discusión sobre el tema en la Corte Suprema.
La decisión afecta de manera directa los derechos de los pueblos originarios y la demarcación de tierras, en un contexto de alta tensión social y política.
La reforma establece que solo podrán reconocerse como tierras indígenas aquellas que estuvieran ocupadas por comunidades originarias en octubre de 1988. De este modo, se excluyen del proceso de demarcación los territorios reclamados por pueblos que no los habitaban en esa fecha.
El marco temporal ha sido una demanda histórica del sector agropecuario y de los legisladores que representan sus intereses, quienes sostienen que la medida aportará “claridad y seguridad jurídica” y evitará “conflictos e incertidumbres” en la delimitación de tierras, como la expulsión de ocupantes no indígenas.
El debate en el Senado reflejó la polarización entre los defensores del agro y los representantes de los pueblos originarios. El senador Márcio Bittar, uno de los principales impulsores de la reforma, afirmó que los pueblos indígenas poseen el “mayor latifundio” de Brasil y vinculó esa situación a los “intereses” de organizaciones no gubernamentales extranjeras.
“Necesitamos colocar un límite porque si no, el sector agropecuario va a pasar el resto de su vida inseguro, sin saber si de un día para otro (sus propiedades) van a ser transformadas en tierras indígenas”, expresó Bittar durante la sesión.
En contraste, el senador Jacques Wagner, del Partido de los Trabajadores, reconoció que la inseguridad jurídica es “insoportable”, pero advirtió que la propuesta “no va a resolver” el problema de fondo.
Por su parte, la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, calificó la iniciativa como un “retroceso” y denunció que implica la retirada de “derechos” para las etnias afectadas.
La aprobación de la enmienda se produce en vísperas de que la Corte Suprema analice la constitucionalidad de una ley anterior que instauró el marco temporal. Dicha ley fue promovida en 2023 por legisladores alineados con el sector agropecuario, después de que el máximo tribunal declarara inconstitucional una tesis jurídica que avalaba la restricción temporal a los derechos indígenas.
En esa sentencia, los magistrados determinaron que la Constitución no fijaba límites temporales para la demarcación de tierras, una interpretación que el Congreso busca revertir con la reforma recién aprobada.
Las tierras indígenas representan una porción significativa del territorio nacional. Actualmente, estos territorios abarcan cerca del 13% de la superficie de Brasil, con una presencia especialmente relevante en la Amazonía.
A pesar de esta extensión, persisten decenas de procesos de demarcación pendientes, lo que mantiene la tensión entre comunidades originarias, productores rurales y autoridades.
Tras la aprobación en el Senado, la enmienda pasará a la Cámara de Diputados, donde deberá ser debatida y votada. Paralelamente, la Corte Suprema se prepara para discutir la validez constitucional del marco temporal, en un escenario donde las decisiones del Legislativo y el Judicial podrían entrar en conflicto y definir el futuro de los derechos territoriales indígenas en Brasil.
La disputa por la tierra continúa abierta, con extensas áreas indígenas en la Amazonía y numerosos procesos de demarcación aun sin resolver.
Infobae
