Luisa González, abanderada del correísmo, se presenta como la principal contendiente del presidente y candidato Daniel Noboa en las elecciones presidenciales de febrero de 2025. Ex asambleísta y ex funcionaria del gobierno de Rafael Correa, González ha basado su campaña en la promesa de restaurar las políticas de la década correísta, apelando a una base electoral que apoya el retorno del socialismo del siglo XXI.
Aunque se considera manabita, González nació en Quito el 22 de noviembre de 1977. La ahora candidata es la aspirante que más cargos públicos ha ocupado, incluyendo el de secretaria de la Administración Pública y cónsul en España.
Su cercanía con el ex presidente Correa, quien sigue influyendo en la política ecuatoriana desde Bélgica donde está asilado, ha sido una de sus principales fortalezas y, al mismo tiempo, una de sus mayores debilidades. Mientras sus seguidores la ven como la heredera del correísmo, sus detractores la asocian con un periodo marcado por casos de corrupción y abusos de poder.
Uno de los aspectos más polémicos de su candidatura es su respaldo a la administración de Nicolás Maduro en Venezuela.
González ha tratado de ser prudente y no expresar su posición, sin embargo, Correa ha sido claro en que, de conseguir el poder, el gobierno encabezado por González reconocerá a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
La candidata del correísmo también enfrenta el desafío de los múltiples casos de corrupción vinculados a ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Aunque ella no ha sido procesada por actos ilícitos, su cercanía con figuras clave involucradas en escándalos de corrupción genera desconfianza en una parte del electorado.
Entre los casos más relevantes de corrupción durante el correísmo se encuentran el Caso Sobornos 2012-2016, en el que altos funcionarios del gobierno de Correa fueron condenados por recibir aportes indebidos de empresas privadas a cambio de contratos estatales. Rafael Correa fue sentenciado, como autor mediato de cohecho, a ocho años de prisión por su implicación en esta trama.
También está el Caso Odebrecht, donde la constructora brasileña pagó millonarios sobornos a funcionarios ecuatorianos para asegurarse contratos de infraestructura durante el correísmo, lo que llevó a la condena del ex vicepresidente Jorge Glas, una de las figuras más influyentes dentro del gobierno y aliado cercano de González.
A eso se suman las múltiples denuncias por sobreprecios en obras construidas durante el correísmo, las irregularidades en los contratos, etc.
Además, una reciente investigación periodística reveló que el correísmo es la lista con más candidatos a legisladores relacionados con procesos penales y deudas tributarias.
Entre los cuadros que esperan llegar a la Legislatura está Ricardo Patiño, uno de los hombres de confianza de Correa, quien fue canciller de Ecuador cuando se desató el caso de la narcovalija, sucedido en en enero de 2011, cuando una maleta diplomática de Ecuador llegó a Italia con 40 kilos de pasta de cocaína. Patiño ha asegurado que de ocurrir la victoria de González en las elecciones, esto garantizará el regreso al país de Correa y la liberación del ex vicepresidente Jorge Glas.
Glas está preso en una cárcel de máxima seguridad cumpliendo dos sentencias en firme. Al mismo tiempo es investigado por malversación de fondos e intimidación. El gobierno mexicano concedió asilo a Glas, pero el presidente Noboa ordenó su arresto dentro de la Embajada mexicana en Quito, lo que decantó en la ruptura de relaciones entre ambos países. González ha asegurado que ella le otorgaría el salvoconducto a Glas para que pueda trasladarse a México.
A pesar de estos antecedentes, González ha defendido la gestión correísta, calificando los casos de corrupción como parte de una “persecución política” contra el ex presidente Correa y sus ex colaboradores. Ha insistido en que el correísmo representa un modelo de desarrollo que garantizó estabilidad económica y crecimiento social en el país.
En el ámbito de la seguridad, González propone un enfoque distinto al del actual gobierno, priorizando la inversión en programas sociales y la prevención del delito sobre el uso de la fuerza. Cuando Correa era presidente impulsó, por ejemplo, un proceso de legalización de pandillas lo cual ha sido visto por expertos como el inicio de la infiltración del crimen organizado en las instituciones.
González también ha planteado una política económica basada en el aumento del gasto público y la reactivación de proyectos de infraestructura. Sin embargo, sus propuestas han sido cuestionadas por economistas que advierten que un retorno al modelo correísta podría derivar en un incremento del déficit fiscal y una mayor dependencia de financiamiento externo –como Correa ya lo hizo con China.
En educación, enfatiza la gratuidad, inversión en proyectos emblemáticos, profesionalización docente y reducción de la brecha tecnológica. En género y derechos humanos, promueve la igualdad laboral, representación política de grupos vulnerables, y una economía de cuidados.
Varios sondeos de opinión la ubican segunda en intención de voto, detrás del presidente Noboa. Según el tracking del 5 de febrero de Informe Confidencial, del los 55% de decididos el 31% votaría por González. El correísmo, en cambio, asegura que su candidata ganará en una sola vuelta. Para lograrlo necesitaría tener al menos el 40% de votos válidos y estar a una distancia de 10 puntos del segundo.
Infobae
