A la medianoche de este viernes 7 de febrero entran en vigencia las licencias forzosas de miles de empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que administra la ayuda exterior estadounidense aprobada por el Congreso. Una ola de reacciones recorre el mundo.
Mientras la mayoría de los empleados de USAID alrededor del mundo comenzó este viernes a tomar licencias forzadas, las asociaciones de trabajadores federales recurren a los tribunales para intentar revertir las órdenes de la Administración Trump sobre el desmantelamiento del organismo de ayuda internacional.
La agencia Reuters dijo haber visto un aviso del presidente Donald Trump enviado a los empleados de USAID en el que informaba que mantendrá a 611 trabajadores esenciales, de una plantilla total que asciende a los 10.000. En tanto, Elon Musk, el multimillonario encargado de la agencia federal del gasto, defendió la medida.
«¿No resulta extraño que ninguno de los supuestos beneficiarios de la USAID se queje? Sólo las “ONG” financiadas por el Gobierno».
Casi todos los empleados de USAID en el extranjero tendrán 30 días para regresar a Estados Unidos a partir de este viernes y el Gobierno pagará sus costos de viaje y mudanza, según las disposiciones de la Casa Blanca.
Además, quienes decidan quedarse más tiempo -a menos que reciban una exención por dificultades específicas- podrían quedarse en sus países de domicilio, pero deberán cubrir sus propios gastos, de acuerdo con un aviso publicado en el sitio web de USAID el jueves por la noche.
Una demanda presentada el jueves 6 de febrero busca revertir la medida a través de una orden temporal y eventualmente permanente que no solo restablezca la financiación de USAID, sino que ordene la reapertura de sus oficinas y bloquee futuras órdenes para disolverla.
El desmantelamiento de USAID forma parte de una propuesta más amplia de recorte de gastos, que consiste en ofrecerles a los trabajadores federales que dejen sus trabajos a cambio de recibir ocho meses de salario como indemnización.
El jueves, el juez de distrito estadounidense George O’Toole en Boston bloqueó temporalmente la iniciativa hasta al menos el lunes pese a que, dice la agencia Reuters, más de 60.000 empleados federales ya aceptaron la oferta.
Con Reuters y AP
