Erik Prince, exdirector ejecutivo de Blackwater, presentó una propuesta a la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump para implementar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados.
El plan, con un costo estimado de 25.000 millones de dólares, sugiere el establecimiento de campos de procesamiento en bases militares y el uso de una flota privada de 100 aviones.
Además, propone la creación de un «pequeño ejército» de ciudadanos privados con poderes para realizar arrestos y acelerar el proceso de deportación.
El documento de 26 páginas, al que tuvo acceso el periódico Político, presentado a asesores de Trump antes de la toma de posesión del presidente, incluye una serie de tácticas agresivas para deportar a 12 millones de personas antes de las elecciones intermedias de 2026.Según los autores del plan, la carga de trabajo requeriría una capacidad de deportación superior en 600% a la actual.
Para cumplir con la meta, sugieren un apoyo externo significativo, incluyendo la contratación de personal privado para realizar funciones que normalmente estarían a cargo del gobierno.
El grupo detrás de la propuesta, que incluye exfuncionarios de inmigración y contratistas militares, destaca la falta de recursos gubernamentales para llevar a cabo la operación.
Erik Prince lidera el plan con Bill Mathews, exdirector de Blackwater
Prince, quien mantiene vínculos cercanos con Trump, y Bill Mathews, exdirector de operaciones de Blackwater, lideran la iniciativa.
La propuesta también menciona la necesidad de establecer un equipo de 2.000 abogados y asistentes jurídicos, así como la organización de audiencias de deportación masivas. Aunque estos enfoques podrían enfrentar desafíos legales debido a la complejidad de las leyes de inmigración y las protecciones existentes para los migrantes, según el periódico.
Aunque la Casa Blanca recibió la propuesta, no se ha confirmado si Trump ha expresado interés en seguir adelante con el plan.
Un portavoz de la administración estadounidense reiteró el compromiso de deportar a inmigrantes criminales y hacer cumplir las leyes de inmigración, pero aclaró que corresponde a las agencias gubernamentales considerar y aprobar tales iniciativas.
El plan también propone la implementación de un programa de recompensas para incentivar a las fuerzas del orden locales a colaborar en la detención de inmigrantes indocumentados, lo que podría generar complicaciones legales, ya que no todos los estados y ciudades han acordado actuar como agentes de inmigración.
El Nacional
