La Fiscalía de Colombia embargó bienes utilizados por la red criminal conocida como Los Gallegos, dedicada al tráfico de migrantes en el suroccidente del país, principalmente venezolanos que entran irregularmente desde el estado Táchira a través del departamento Norte de Santander.
Las autoridades colombianas impusieron medidas cautelares con fines de extinción de dominio a tres bienes en el municipio fronterizo de Ipiales, Nariño: un hotel, un estacionamiento y un restaurante.
Estas propiedades, utilizadas como infraestructura logística de la organización, fueron embargadas, secuestradas y puestas bajo toma de posesión, como parte de la estrategia para afectar el patrimonio de estructuras delincuenciales, indica una nota de prensa de la Fiscalía colombiana.
Usaban alojamientos para ocultar migrantes
Las investigaciones revelaron que el hotel servía como punto de alojamiento de migrantes en condición irregular. Allí esperaban para continuar su trayecto hacia Ecuador, Perú o Chile. Según la Fiscalía, la propietaria del establecimiento tendría vínculos con los cabecillas de la red criminal.
El parqueadero era utilizado como punto de embarque clandestino, desde donde salían autobuses repletos de personas sin documentación legal que se dirigían hacia el puente internacional de Rumichaca o rutas alternas ilegales.
En uno de los dispositivos recientes, las autoridades interceptaron un vehículo con 31 ciudadanos extranjeros que no portaban papeles legales. Estas personas, la mayoría venezolanos, cruzaban territorio colombiano hacia el sur del continente.
Más de 30 casos documentados por la Fiscalía de Colombia
La Fiscalía de Colombia documentó al menos 30 casos según los cuales dueños de los bienes ahora embargados habrían recibido grandes sumas de dinero a cambio de permitir la salida de buses con migrantes irregulares.
La acción fue ejecutada en coordinación entre la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, en una operación que busca frenar el uso de propiedades privadas para fines delictivos.
Fuente: ElNacional.com
