Periodistas de distintos departamentos de Bolivia protestaron este miércoles en contra de un artículo denominado “mordaza”, que consideran atenta contra la libertad de expresión, y reiteraron que permanecen en “emergencia” por esa y otras normas que hacen parte del proyecto “Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”.
Los trabajadores de la prensa de ciudades como La Paz, la sede de Gobierno, la oriental Santa Cruz, Sucre y la amazónica Cobija dejaron sus instrumentos de trabajo como la cámara o el micrófono para expresar su rechazo al artículo 281.
En La Paz, los manifestantes se reunieron en la plaza Murillo, cerca de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo boliviano, con carteles y cánticos como “libres sin mordaza” para hacer conocer su inconformidad con este proyecto de norma.
“Estamos en una situación en la que una vez más pretenden confundir a la población, confundir a la prensa para aprobar por debajo una norma que quiere mandar a la cárcel a los periodistas por el ejercicio del periodismo”, expresó la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes.
También estaba presente el representante de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, y un grupo de periodistas con carteles que decían consignas como “fuera ley mordaza”.
Alanes recalcó que la Ley de Imprenta, que rige el trabajo de la prensa, está en vigencia y que la Constitución Política del Estado también estipula que el trabajo periodístico se “rige por propios códigos de ética y mecanismos de autorregulación” y que para ello están los tribunales de imprenta.
De la misma manera, en Santa Cruz los periodistas se congregaron en la plaza 24 de septiembre, la principal de la ciudad, para realizar un plantón en contra del artículo 281, pero también a otro proyecto de ley que regula y sanciona el uso “indebido” de las redes sociales.
Los periodistas pidieron que no se vulneren los principios de los derechos fundamentales y que no se pretenda “acallar las voces”.
En Sucre, la capital constitucional del país y sede del Poder Judicial, y en Cobija también marcharon para pedir que se respete la libertad de expresión.
El artículo “mordaza” menciona que serán sancionados de tres a siete años de prisión las personas que difundan por cualquier medio ideas basadas en la superioridad racial, que promuevan o justifiquen el racismo, que se difundan discursos de odio o cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación o propietario del mismo no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.
Ante esta situación, las asociaciones de periodistas se declararon en emergencia.
Con información de EFE