El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas -ICE- puso en marcha una nueva estrategia para intensificar las deportaciones masivas en Estados Unidos: solicitar a propietarios y arrendadores de viviendas información privada de sus inquilinos migrantes, reveló The Associated Press.
Entre los datos requeridos se encuentran contratos de alquiler, formularios de solicitud, identificaciones, direcciones de reenvío e incluso información sobre otras personas que vivan con el arrendatario Eric Teusink, abogado inmobiliario en Atlanta, dijo a la AP que varios de sus clientes han recibido recientemente cartas solicitando esa documentación. Según explicó, una simple solicitud de alquiler puede incluir detalles personales como historial laboral, estado civil y vínculos familiares, lo que genera inquietudes sobre la magnitud del alcance del requerimiento.
Los documentos revisados por la agencia -uno de ellos fechado el 1 de mayo- fueron emitidos por la unidad antifraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, pero no están firmados por un juez. Aun así, incluyen advertencias sobre posibles consecuencias legales, como ser declarados en desacato por no colaborar.
Esta táctica, según los expertos, abre un nuevo frente en los esfuerzos del gobierno para localizar a personas sin permiso de residencia. Muchas de ellas entregaron direcciones en Estados Unidos como parte del proceso para ingresar sin visa durante la administración de Joe Biden.Trump, de regreso en la Casa Blanca, ha eliminado en gran medida ese beneficio.
Requerimientos sin orden judicial
Expertos legales y defensores de derechos civiles consultados por la AP creen que los requerimientos plantean serias dudas jurídicas, principalmente porque no cuentan con el respaldo de una orden judicial. También advierten que si los propietarios obedecen, podrían estar violando la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por origen nacional.“Solo porque un propietario reciba un requerimiento no significa que sea legalmente válido”, dijo Stacy Seicshnaydre, profesora de derecho de la Universidad de Tulane. Según la AP, se teme que muchos arrendadores entreguen al ICE la información sin notificar a sus inquilinos migrantes, exponiéndolos sin su conocimiento a las autoridades migratorias.
Gobierno de Trump defiende la práctica
Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, defendió el uso de estos requerimientos, aunque no confirmó su emisión en casos específicos. En declaraciones recogidas por AP, afirmó que los requerimientos del ICE están respaldados por la ley y que ignorarlos podría tener consecuencias legales.Sin embargo, abogados entrevistados por AP han aconsejado a sus clientes no responder a las solicitudes. Especialmente si no vienen firmadas por un juez.
“Parecía que estaban en una expedición de pesca”, dijo Teusink, tras revisar uno de los requerimientos.
Anthony Luna, director de Coastline Equity, empresa que gestiona más de 1.000 unidades residenciales en el área de Los Ángeles, relató a la AP que muchos administradores de propiedades se han mostrado preocupados ante la posibilidad de recibir uno de estos documentos. La mayoría, aseguró, no planea cumplirlos.“Si están buscando criminales, ¿por qué no acuden a documentos judiciales? ¿Por qué necesitan archivos de proveedores de vivienda?”, cuestionó Luna.
EFE
