Un total de 50 personas detenidas en todo Chile, la mayoría de ellas en la Región Metropolitana (RM), donde se concentra la capital, dejaron las manifestaciones del cuarto aniversario del estallido social, la mayor ola de protestas desde el retorno a la democracia en Chile, informaron este jueves el Ministerio de Interior y Carabineros.
“Ahí no hay personas que salen a protestar, ahí hay personas que salen a cometer delitos”, dijo el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, en un punto de prensa donde entregó el balance de la jornada.
Según las cifras de la policía, en el marco de la conmemoración, 11 carabineros resultaron lesionados, uno de ellos con lesiones menos graves y 10 leves, una número inferior a la del año pasado, cuando resultaron 24 uniformados heridos.
Además, tres civiles quedaron lesionados, entre ellos una menor de edad que fue atropellada por una persona que conducía bajo los efectos del alcohol.
Las autoridades recalcaron que este año se produjeron 101 eventos «de alteración al orden público» en todo el país, un 33 % menos que en 2022. De estos, 76 ocurrieron en la RM y 25 en regiones.
Este año, además, destacó Monsalve, hubo dos tipos de «hechos delictuales» que no ocurrieron: no hubo ataques a cuarteles de Carabineros ni tampoco quema de autobuses urbanos.
El estallido social, que empezó en octubre de 2019 como una protesta contra el alza en el precio del ticket de metro, dejó episodios de violencia extrema, con saqueos, incendios y señalamientos por parte de la ONU y Amnistía Internacional contra el cuerpo policial de Carabineros por violaciones a los derechos humanos.
Durante el período más intenso de movilizaciones, desde octubre de 2019 a marzo de 2020, se registraron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos muchos con traumas oculares por perdigones o balines.
Las protestas fueron canalizadas por la vía política con la apertura de un proceso constituyente en el que el país aún sigue inmerso. Tras un primer intento, fallido en septiembre de 2022, de redactar una nueva Constitución, el país decidirá en diciembre si avala una segunda propuesta de carta magna elaborada por un órgano controlado por la extrema derecha.
