El ex presidente boliviano Evo Morales es víctima de una “clara persecución política” ordenada por el gobierno de Luis Arce, denunció este jueves su equipo legal, apenas unas horas después de que estallara la polémica por una causa en la que se lo investiga por estupro, trata y tráfico de personas y por la que, inclusive, se emitió una orden de captura en su contra.
“Esto es una clara persecución política, es la vendetta por la grandiosa ‘Marcha para salvar Bolivia’ y hoy Evo Morales se encuentra, en cuanto a sus derechos y garantías, enormemente amenazado”, comenzó diciendo uno de sus abogados, Orlando Ceballos, que sumó que, hasta el momento, “no ha habido denuncia escrita” ni oral contra el cocalero.
El Gobierno de Arce, “autocrático” y “policial”, está utilizando “instancias judiciales y del Ministerio Público con el único propósito de la eliminación jurídica… está haciendo un uso ruin de los mecanismos coercitivos y coactivos del Estado”, apuntó a continuación. Evo “no tiene la más mínima garantía de que sus derechos sean respetados” en medio de este “viraje peligroso del Estado policial, del Gobierno policíaco, que ha utilizado a una fiscal departamental” para perseguirlo, advirtió.
Este miércoles por la noche, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció haber sido destituida por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, luego de negarse a interrumpir el proceso judicial que encabezaba en contra de Morales. Precisamente, la Justicia investiga al político por el supuesto delito de “trata y tráfico de personas” que “habría ocurrido” sobre una supuesta víctima de esta provincia, a sus 15 años.
Según Gutiérrez, la información “viene de un informe de inteligencia” y representa “un delito de lesa humanidad” por lo que, ante la evidencia recopilada, emitió una orden de aprehensión contra Morales. No obstante, la víspera, “faltando una hora para su ejecución, se nos notifica con la acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz”, presentada por la defensa del acusado “para que se deje sin efecto la orden”.
Esto, a su vez, ocurrió luego de que Lanchipa la instara a abandonar el caso -algo a lo que ella se negó- y que le costó su renuncia inmediata. Ante el desobedecimiento de las “órdenes específicas de no hacer absolutamente nada” en esta causa, “me llama el Fiscal General (para que) en 20 minutos presente mi renuncia”, aseguró.
“Para mí, esto es una persecución y lo denuncio públicamente. También hago una denuncia ante la comunidad internacional de cómo el fiscal Juan Lanchipa Ponce, quien juró defender las normas y a la sociedad, cuando se trata del ex mandatario Juan Evo Morales Ayma -donde existe un delito de lesa humanidad, que es de trata y tráfico-, ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y parar todas las investigaciones que estamos llevando adelante”, dijo en una conferencia de prensa en la entrada del Ministerio Público, poco después de enterarse de su salida del organismo.
Ceballos desmintió los dichos de Gutiérrez y aseguró que, en realidad, las recientes acciones son consecuencia de su incumplimiento de las normas procesales, al lanzar una investigación cuya “única finalidad es detener a Evo Morales”, resaltando que, a pesar de sus intentos, “el pueblo y las organizaciones sociales lo van a cuidar”.
El político del MAS, por su parte, utilizó sus redes sociales para asegurar que nada de lo ocurrido en las últimas horas “me extraña ni me preocupa”. “Todos los Gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”, sostuvo en un mensaje en X.
“Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos, que nunca me abandonaron. Podrán silenciar mi voz, podrán matarme, pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación, porque la traición solo destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia”, sumó a continuación en referencia a la caminata de 187 kilómetros que lideró la semana pasada hasta La Paz, con la que buscó protestar contra las crisis en el país y conseguir su habilitación como candidato para las elecciones de 2025.
(Con información de EFE)
