La Corte Suprema de Brasil dictó sentencias de entre uno y 24 años de prisión para ocho militares y un agente de policía, tras declarar probada su participación en un plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes. El fallo se dictó este martes tras un proceso que incluyó el análisis de cientos de mensajes y documentos internos del grupo, identificado como responsable de la conspiración.
El tribunal votó por unanimidad para declarar culpables a nueve de los diez procesados, todos integrantes o ex integrantes de cuerpos de elite del ejército brasileño, y un funcionario de la Policía Federal. Entre los condenados figuran los tenientes coroneles Rodrigo Bezerra de Azevedo, Rafael Martins de Oliveira y Hélio Ferreira Lima, junto al policía Wladimir Matos Soares.
Un general, Estevam Gaspar de Oliveira, fue absuelto por falta de pruebas.
Según la investigación, la conspiración se elaboró entre octubre y noviembre de 2022, luego de la segunda vuelta presidencial en la que Lula se impuso sobre Jair Bolsonaro. El objetivo era impedir la transferencia de poder y eliminar a los principales responsables de la transición institucional. La Policía Federal aportó cientos de mensajes, así como documentos donde los condenados detallaban las fases del plan de asesinato y las personas a atacar.
La Fiscalía argumentó que los implicados presentaron su idea ante Bolsonaro cuando aún ocupaba la presidencia, en una tentativa por recibir respaldo a la acción.
“No existe duda alguna sobre la culpabilidad de los reos, que dejaron sus planes organizados en numerosos documentos recogidos durante la pesquisa”, dijo el presidente de la Primera Sala, Flávio Dino, al leer la sentencia.
Las penas máximas incluyeron 24 años para Hélio Ferreira Lima, 21 años para Rodrigo Bezerra y Rafael de Oliveira, 21 años para el policía Matos y entre 1 y 17 años para otros militares.
El tribunal determinó que la intención era atentar contra el presidente electo, el vicepresidente y el magistrado relator de la causa electoral, para frenar la investidura y el cambio de gobierno.
La causa está vinculada al proceso que llevó a la condena del ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión domiciliaria, por conspiración e intento de impedir la asunción de Lula. Bolsonaro permanece en esa condición desde agosto de este año, tras resolución judicial que consideró su estado de salud y su edad.
La defensa de Bolsonaro prepara recursos para que la prisión continúe bajo modalidad domiciliaria, alegando los efectos de la puñalada que sufrió en 2018 y el diagnóstico reciente de cáncer de piel. Los abogados de los militares y el policía sentenciados también anticiparon que interpondrán apelaciones a instancias superiores.
El Supremo Tribunal Federal ya rechazó recursos iniciales y prepara la ejecución de las sentencias correspondientes. El fallo, relevado este martes durante una sesión pública, responde a la investigación sobre los hechos posteriores a la derrota electoral de Bolsonaro, cuando sectores de su entorno buscaron impedir la asunción de Lula mediante acciones directas contra las autoridades del nuevo gobierno.
La transición en Brasil en 2022 se realizó bajo fuerte presión, con episodios de desinformación, protestas y amenazas. El proceso judicial actual documentó la existencia de comunicación organizada entre los acusados y la elaboración de estrategias contra funcionarios específicos.
El presidente Lula asumió finalmente el mandato, respaldado por el resto de instituciones y el reconocimiento internacional.
El seguimiento de eventuales apelaciones y la condición penal de Bolsonaro continuarán en las próximas etapas legales.
(Con información de AFP y EFE)
