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La OFAC sanciona al fiscal de la CPI, Karim Khan, y le prohíbe la entrada a EEUU

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Escrito por Redacción

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves, 13 de febrero, al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, una semana después de que el presidente Donald Trump ordenara penalizar al máximo tribunal internacional por sus «acciones ilegítimas y sin fundamento» hacia EEUU e Israel.

El fiscal, quien en noviembre emitió una orden de arresto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, fue añadido a la lista de «ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas» de Washington.

Las sanciones de la OFAC establecen la prohibición de ingreso al país a Khan y sus familiares, así como el congelamiento de todos los activos que el fiscal pueda tener en suelo estadounidense, y restricciones para hacer negocios con ciudadanos americanos.

Fiscal de la CPI, el primer funcionario sancionado

Con esta medida, Khan se convirtió en el primer funcionario en ser sancionado por el presidente Trump tras su regreso a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.

El mandatario republicano, que ha sido un férreo crítico de la corte, en su primera gestión sancionó a la predecesora de Kham, Fatou Bensouda, por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. Sin embargo, la administración demócrata de Joe Biden levantó la medida.

Estados Unidos nunca ha reconocido la autoridad de la CPI, con sede en La Haya, que se encarga de investigar y juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Sin embargo, ha sido señalada de actuar con sesgo.

Orden de Trump

El 7 de febrero, el presidente firmó la orden ejecutiva para imponer sanciones a la CPI, que apuntan a las finanzas y los visados de personas vinculadas a los procesos lanzados por el máximo tribunal internacional, por sus «acciones ilegítimas e infundadas» contra EEUU e Israel.

El documento mencionaba la orden de captura de la CPI contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, que han sido calificados de «absurdos» y «antisemitas» por el primer ministro israelí.

«Las recientes acciones de la CPI contra Israel y Estados Unidos sientan un precedente peligroso, poniendo en peligro directamente al personal actual y anterior de los EEUU, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos al acoso, el abuso y el posible arresto», reza la orden ejecutiva de Trump, quien ha reiterado su rechazo a cualquier intento de la CPI de juzgar a ciudadanos estadounidenses o israelíes.

La orden de Trump fue condenada por la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, quien la calificó como un «ataque grave» contra los Estados miembros del organismo y el orden internacional, y se comprometió a seguir «impartiendo justicia» en el mundo.

Farhan Haq, portavoz adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instancia que jugó un papel fundamental en la creación de la CPI y que recibe periódicamente un informe por parte de este tribunal, reiteró que el organismo sancionado es «un pilar fundamental de la justicia internacional».

Abogada de Maduro, familia de Khan

El fiscal de la CPI ha sido duramente cuestionado por su rapidez en emitir órdenes de captura en contra de los funcionarios israelíes, mientras que el caso de Venezuela, iniciado en 2018, aún sigue en fase de investigación.

Estas críticas incrementaron cuando The Washington Post reveló que una de las abogadas de Nicolás Maduro, de nombre Venkateswari Alagendra, es cuñada de Khan.

Esto generó el repudio internacional y una recusación contra Khan, solicitada en septiembre de 2024 por la Fundación Arcadia por su relación familiar entre la abogada y el fiscal.

Sin embargo, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó el 10 de febrero la recusación contra el fiscal por conflicto de intereses, al considerar que «los solicitantes carecen de legitimación y la disposición legal invocada no resulta aplicable en la etapa actual del procedimiento».

Diario de Las Américas

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