Este 25 de junio, más de nueve millones de guatemaltecos están llamados a las urnas en un proceso no exento de irregularidades y controversias. Organizaciones de la sociedad civil critican la irresponsabilidad de partidos políticos e incumplimientos de las autoridades electorales.
La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) alertó que la creciente judicialización y numerosas irregularidades del actual proceso electoral de ese país pueden derivar en que este pierda totalmente su integridad y legitimidad.
Carolina Jiménez, directora de la Washington Office on Latin America (WOLA) ha señalado en la antena de RFI: «ha habido diversos obstáculos para impedir la candidatura de diversas personas y luego, otras personas cuyas candidaturas fueron inhabilitadas en el pasado, esta vez sí han sido permitidas para concursar en la elección. Estos criterios arbitrarios lesionan el derecho a la participación política».
Entre enero y mayo, El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala y las cortes del país dejaron fuera de la contienda a la líder indígena de izquierda Thelma Cabrera, quien poseía fuertes posibilidades de acceder a una segunda vuelta presidencial, según expertos. Además, el candidato de derecha Roberto Arzú García-Granados, hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), fue excluido por un caso de campaña anticipada, que según expertos pudo ser resuelto con sanciones menos severas.
Juan Papier, subdirector para las Américas de HRW subraya en RFI: «Lo que está sucediendo en Guatemala es que gobierna un proyecto político cuya principal causa es la impunidad por hechos de corrupción y abuso de poder. Han perseguido a los jueces y fiscales independientes que se atreven a investigar o exponer la corrupción y han tomado venganza con aquellos que investigaron estos casos en el pasaso y ahora van a por los periodistas independientes que publican sobre estos casos en Guatemala y el caso último más conocido es el de José Rubén Zamora, condenado a seis años de prisión por supuesto lavado de dinero. No es una investigación por una transacción sino una persecucción del ministerio público que hace todo lo posible por silenciarlo».
En un comunicado conjunto, HRW y Wola señalan que las elecciones en Guatemala se realizarán en medio de un «contexto de deterioro del estado».
En este contexto, en pocos días los guatemaltecos tendrán que elegir a su nuevo presidente, vicepresidente, 160 diputados, 340 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
RFI
