Bogotá (EFE).- Siete integrantes del último mando de las FARC, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño, fueron condenados este martes por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a penas alternativas de ocho años de «restricción efectiva de sus derechos» como «máximos responsables de la política criminal de secuestro» de esa guerrilla durante el conflicto armado colombiano.
«Esta decisión implica que los siete integrantes del último secretariado de las FARC… sean declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en toma de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas», señaló la sentencia leída por el magistrado Camilo Suárez.
Penas sin cárcel
Además de Londoño, conocido con el alias de Timochenko, los sancionados son Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (alias el Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (alias Ricardo Téllez).
Las sanciones impuestas, que son las primeras dictadas por la JEP y las máximas previstas por la justicia restaurativa para quienes reconozcan su responsabilidad en los hechos investigados y aporten a la verdad, no conllevan penas de cárcel.
«Los máximos responsables, hoy condenados, se sometieron a esta Jurisdicción y han cumplido las condiciones necesarias para acceder al tratamiento especial, como lo es la sanción propia, incluso desarrollando trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador de forma anticipada», agregó Suárez.
Esos trabajos incluyen la búsqueda de personas desaparecidas, una acción integral contra minas, la recuperación del medio ambiente y la reparación simbólica a las víctimas, precisó la JEP.
Tres patrones de secuestro
Para sancionar a los últimos jefes de las FARC, la JEP documentó «tres patrones principales», el primero de los cuales fue «privar de la libertad a civiles para obtener recursos económicos mediante el pago de rescates».
Los otros dos fueron «retener a miembros de la fuerza pública y a líderes políticos con el propósito de forzar canjes de prisioneros y buscar un reconocimiento político», y «utilizar el secuestro como instrumento de control social y territorial en diferentes regiones del país».
«Estos patrones fueron ejecutados bajo la dirección del secretariado (mando) de las FARC con amplia autonomía, con mandos regionales, lo que generó un impacto masivo y prolongado en la población civil, es decir, un fenómeno de macrovictimización», agregó el magistrado.
Para la JEP, durante las investigaciones se acreditó además «que las personas cautivas fueron sometidas a tratos crueles, degradantes, inhumanos, tales como encadenamientos permanentes, marchas forzadas, agresiones físicas, psicológicas, privaciones de salud, alimentación y condiciones indignas, así como casos de violencia sexual».
«Respetadas víctimas, esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron. No podrá cambiar un pasado doloroso ni recuperar el tiempo perdido ni sanar por completo sus profundas heridas. Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo. Pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias», manifestó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
Siete años de trabajo de la JEP
Estas primeras sentencias hacen parte del macrocaso 001, con el que la JEP ha investigado durante siete años los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2016, un trabajo en el que ha registrado una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 se han acreditado como tales ante el tribunal.
«Lo que hoy vivimos no es un dolor solitario, son miles de dolores. Historias que desgarran y que aparecen en cada rincón de Colombia. Donde sea que uno mire hay una vida marcada por el conflicto», dijo Ramelli, quien añadió que Colombia es «un país que eligió tratar sus heridas con la verdad y con promesas vitalicias de restauración».
La ONU describe primeras sentencias de la JEP en Colombia como un «hito histórico», mientras Íngrid Betancourt plantea apelar
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró la emisión de las primeras sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, que calificó como un «hito histórico» en la implementación del acuerdo de paz de 2016 firmado entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC.
«El Secretario General acoge positivamente la emisión por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia de sus primeras sentencias restaurativas», manifestó en un comunicado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en el que agregó que «estas decisiones deben implementarse plenamente y traducirse en acciones de reparación en favor de las víctimas».
En el texto, el jefe de la ONU instó a los siete sancionados a mantener su compromiso con la paz y cumplir sus sentencias, así como a las autoridades colombianas a garantizar las condiciones para su ejecución.
La declaración enfatiza que las sanciones representan «un paso clave» dentro de los mecanismos de justicia transicional previstos en el acuerdo de 2016, que buscan «promover la verdad, garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia».
Por su parte, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en el país celebraron ayer en un pronunciamiento separado la imposición de las sentencias de la JEP, al considerarlas «un paso hacia adelante en la implementación del acuerdo de paz».
Íngrid Betancourt plantea apelar ante justicia internacional
La excandidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, que estuvo seis años y cinco meses secuestrada por las FARC, afirmó este miércoles que puede recurrir a la justicia internacional por la condena contra siete integrantes del último mando de esa guerrilla porque considera que los deja en «total impunidad».
Betancourt dijo hoy en una entrevista con Blu Radio que la sentencia de la JEP es «desconcertante» porque los jefes de las FARC fueron declarados penalmente responsables de «crímenes de guerra consistentes en toma de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas», según la JEP.
«Nosotros podemos apelar primero ante la misma JEP, podemos después apelar ante la justicia ordinaria, pero yo creo que esto hay que llevarlo hasta la justicia internacional», expresó Betancourt.
A Betancourt la secuestraron el 23 de febrero de 2002 en el sureño departamento del Caquetá a donde había viajado como candidata presidencial con su compañera de fórmula, Clara Rojas, y la rescataron el 2 de julio de 2008 en la Operación Jaque junto con otros cautivos.
