El presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, en el que se declara el Estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, Norte de Santander, municipios del área metropolitana de Cúcuta y los del Río de Oro y González en el Cesar.
La norma busca restablecer el orden público y garantizar la seguridad de la población tras la escalada de violencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc, que se enfrentan para obtener el control del territorio. La situación que se registra en la zona de Catatumbo ha generado muerte de civiles y desplazamiento masivo de la población.
A seis días del anuncio oficial, el Gobierno nacional hizo público los tres primeros decretos de la medida para contrarrestar la crisis de orden público en Norte de Santander que dejó a más de 40.000 personas desplazadas.
Entre las disposiciones del Estado destacan medidas para garantizar la producción de alimentos en la región del Catatumbo, la Refinanciación en sistema nacional de crédito agropecuario que solo aplicará para las obligaciones contraídas antes de la fecha de declaratoria del estado de excepción y los pagos con vencimientos a partir de esa fecha.
“Las entidades que hagan parte del sistema nacional de crédito agropecuario adoptarán los programas de refinanciación de las obligaciones contraídas con ellas en favor de las y los campesinos, productores cuya actividad se vio afectada en la zona cobijada con la situación de conmoción interior”, se lee en el documento.
Sin embargo, uno de los decretos que está asociado a la expropiación causó polémica. El texto compartido por el Gobierno liderado por el presidente Petro, faculta al Estado a adquirir predios abandonados para facilitar la entrega de tierras a las víctimas del conflicto armado.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas llevará un registro de los predios rurales abandonados por la violencia individual o masiva, o que se encuentren en confinamiento, o en favor de aquella población en riesgo inminente de desplazamiento forzado.
En cuanto al proceso, el Gobierno explicó que la entidad encargada establecerá comunicación con los propietarios de las tierras para informar las intenciones del Estado de adquirir dichos territorios, por lo que está en manos de los dueños decidir que se transfiera su propiedad a las arcas del país.
“La Unidad registrará, individual o colectivamente, a los propietarios, poseedores y ocupantes y la relación Jurídica con el predio e informará a las autoridades competentes para que procedan a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos, así como la inscripción de la medida preventiva y publicitaria frente a los poseedores y ocupantes”, puntualizó el documento.
La protección de cadenas productivas y sistemas agroalimentarios también fueron incluidos el articulado con el fin de garantizar el abastecimiento alimentario, así como la continuidad de la producción agropecuaria, las cosechas, el ganado y el acceso a los recursos naturales orientados a la producción agropecuaria, los Fondos Especiales de Fomento Agropecuario de cadenas productivas con presencia en las entidades territoriales señaladas en el artículo 1 del Decreto 0062 de 2025.
Para ello, “se destinarán al menos el 2% de las contribuciones parafiscales, incluidas en el presupuesto global anual de 2025, para las finalidades señaladas en la ley que establece cada contribución con destino a las cadenas productivas en las entidades territoriales cobijadas por la declaratoria de estado de conmoción interior”, reza el articulado.
Infobae
