La jornada electoral para la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ha estado marcada por un fuerte clima de tensión institucional, luego de que diferentes organizaciones y actores del sector privado expresaran preocupación por la presencia de agentes del Ministerio Público (MP) en los centros de votación.
La controversia se centra en el impacto de estas diligencias sobre la transparencia, la certeza jurídica y el desarrollo democrático en Guatemala.
Por su parte, la Corte de Constitucionalidad convocó a sus magistrados a una sesión de Pleno Permanente tras los recientes acontecimientos ocurridos durante la segunda vuelta electoral del CANG, donde se elegiría a los magistrados titular y suplente de la máxima corte constitucional.
La presidenta del tribunal, Leyla Susana Lemus Arriaga, citó a los integrantes para conocer acciones constitucionales relacionadas con la protección del orden democrático, en apego al artículo 268 de la Constitución Política de la República.
Asimismo, el Panel de Expertos Internacionales sobre Guatemala (PEI-GT) emitió un comunicado en el que rechaza de manera enfática lo que denomina “actuar irregular o desproporcionado” del Ministerio Público durante la jornada.
El panel advierte que la presencia de agentes fiscales genera un efecto de intimidación y disuasión en los votantes, lo que podría afectar la libertad y legalidad del proceso. “Las elecciones no serán libres si existen injerencias externas indebidas y si la presencia del Ministerio Público tiene un efecto amedrentador, disuasivo y dirigido a sembrar temor en las y los votantes”, señala el comunicado.
De acuerdo con el PEI-GT, este tipo de prácticas representa una afrenta al Estado de derecho y a la democracia, al tiempo que llama a la comunidad internacional y a los observadores a dar seguimiento inmediato a la situación.
El sector empresarial también manifestó inquietud sobre la coyuntura. La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) subrayó la trascendencia de la elección de magistrados para la certeza jurídica y el clima de inversión en el país.
La organización expresó su preocupación por las diligencias del Ministerio Público durante la votación y enfatizó la necesidad de que la Corte de Constitucionalidad garantice procesos institucionales normales y transparentes, respetando la participación de los agremiados y los procedimientos legales.
“La independencia de los procesos de elección de segundo grado, el respeto al Estado de Derecho, la transparencia institucional y la certeza jurídica constituyen pilares esenciales para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas y promover la estabilidad económica y la inversión en Guatemala”, afirmó la cámara.
Ante esta situación, la sociedad civil como actores internacionales han puesto la atención en el papel del Ministerio Público, señalando que cualquier instrumentalización de la institución para intereses ajenos al mandato constitucional puede debilitar la confianza en el sistema de justicia.
El PEI-GT advirtió que la criminalización de opositores o el uso arbitrario de la maquinaria penal afectaría la legitimidad del proceso y la renovación de la corte constitucional, un evento clave para la democracia guatemalteca.
En este contexto, diferentes sectores han instado a la ciudadanía, a la prensa independiente y a los observadores internacionales a monitorear el desarrollo de la elección e incentivar la participación activa de los abogados en el proceso, con el objetivo de salvaguardar la legitimidad institucional y el futuro democrático del país.
La Delegación de la Unión Europea en Guatemala expresó su alarma por la presencia del Ministerio Público en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios, ante la posibilidad de que se dificulte la participación de los votantes. La representación recordó que la Unión Europea ha sancionado a varios fiscales del MP y reiteró que, junto a otras organizaciones internacionales, mantiene la observación sobre el desarrollo del proceso electoral.
Infobae
