Iniciada en 2005, fue la primera gran denuncia de corrupción sobre una obra pública de los kirchneristas: 17 años después, la justicia procesó a diez exfuncionarios y empresarios por coimas y administración fraudulenta, al involucrarlos en una operatoria de sobornos por una cifra actualizada de unos 114 millones de pesos para la contratación sin licitación pública de la constructora sueca Skanksa para las obras de ampliación de dos gasoductos.
Los procesados por el juez Sebastián Casanello, en una causa que instruyó el fiscal Carlos Stornelli, son el exsecretario de Energía Daniel Cameron, el extitular del Enargas Fulvio Madaro y los exfuncionarios Daniel Muñoz, Osvaldo Felipe Pitrau y Alicia Federico, junto a los representantes de la licenciataria Trasportadora de Gas del Sur Pablo Ferrero y Jorge García. A ellos se suman Daniel Zinna, de Skanska, y los titulares de la cuenta comitente que negociaban los cheques librados por Skanska Horacio Héctor Tosí y Osvaldo Díaz.
Se trata de la segunda parte de una causa que fue objeto de múltiples controversias procesales que demoraron su tramitación, hasta el punto de que muchos de los ahora procesados habían ido sobreseídos en un fallo que luego fue anulado.
En la primera parte de esta investigación, ya elevada a juicio oral y publico y en manos del Tribunal Oral Federal N° 4 desde hace unos años, están procesados desde fines de 2017 unas 31 personas entre quienes se encuentran el exministro Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, funcionarios de Skanska y titulares de empresas que habían servido para emitir facturas falsas a la empresa sueca y personas que intervinieron en el dispositivo de pago de sobornos.
En este caso hay una prueba clave: una grabación que realizó un auditor interno de Skanska, Claudio Corizzo, de su charla con Javier Azcárate, por entonces gerente comercial de la empresa, donde el ejecutivo le narra cómo era la maniobra, cómo se calculó el pago de los sobornos y hasta menciona al “pingüino de acá a dos cuadras”, en alusión a Néstor Kirchner.
La grabación fue secuestrada en el inicio del caso por un allanamiento realizado por el juez en lo penal económico Javier López Biscayart.
El caso consiste en el acuerdo entre empresarios de Skanska y funcionarios públicos mediante el cual los ejecutivos pagaban sobornos (”comisiones indebidas” según el eufemismo de la empresa) para que les adjudicaran el “Proyecto de Expansión de Gas 2005″.
Las obras consistían en la ampliación de dos gasoductos, uno en el norte y otro en el sur, y requerían hacer una traza de caños paralela a la existente, aumentar la presión del gas y construir nuevas plantas. Se calculó que la obra en el norte del país estaba presupuestada en unos 195 millones de dólares y la del sur en unos 240 millones de dólares.
Los sobornos que se pagaron eran de 14 millones de pesos, los que actualizados según el índice de la Construcción usado para actualizar el monto de los embargos, dan una cifra de 114 millones de pesos.
Los procesos de contratación, con la anuencia del gobierno, se modificaron y pasaron de ser licitaciones públicas a concursos privados lo que permitió elegir con discresionaldiad a los oferentes. La diferencia entre lo presupuestado y lo pagado por las obras fue de 185 millones de pesos de ese entonces.
Al ofertar, Skanska acordó con su competidores en el concurso privado elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron. Los pagos de Skanska en coimas fueron de 14 millones de pesos. Para cumplir con ello los ejecutivos de la empresa sueca simularon operaciones comerciales con una 23 empresas. “Fue el disfraz para justificar la salida de dinero que se destinaría a los sobornos”, escribió el juez Casanello.
Para buscar darle un viso de legalidad, Skanska computó las transacciones como gastos vinculados al proyecto. Los fondos para las coimas se extraían mediante cheques que eran cambiados en la city o despistados en las cuentas de la empresas y desde allí enviados a los funcionarios públicos.
En la grabación de la auditoría, Azcárate explica la práctica de la empresa para resultar adjudicataria de obras públicas. “Teníamos dos o tres tipos de mucho peso designados por el cliente que son cuevas. El cliente para asegurarse cobrar te pone uno, dos, tres tipos que son generalmente contadores que manejan diez empresas, cinco empresas, ocho empresas, que tienen las cuevas, viene un tipo a verte y te dice yo te consigo facturas de estas empresas. ¿Qué le explicamos nosotros? Que esta es una empresa seria no me vas a conseguir mierda, que sea razonable, porque si no tenemos que salir nosotros a dar vuelta el mercado y con eso lo dejamos tranquilo. Entonces esta empresa tenía un tipo que manejó de ocho a diez empresas”. El ejecutivo dijo que el monto de la coima se incluye en los costos.
“Es un negocio de 100 millones de dólares, de 100 millones de dólares [de parte nuestra]. Más lo de ellos, yo no sé, 200 palos verdes y vos le vas a tirar el negocio abajo… al tipo que hizo el tromping, al muchacho…… al pingüino de acá a dos cuadras”, señala Azcárate.
Además de cambiar la licitación pública por un concurso privado, los funcionarios se apartaron de los presupuestos originariamente abonados, con precios altamente superiores. Para ello, alegaron razones de urgencia que el Enargas comunicó a la Secretaría de Energía y que para el juez “resultaron infundadas”.
Las diferencias entre lo presupuestado y lo ofertado lo avaló el Enargas. Por ejemplo, en plantas compresoras se admitieron precios muy por encima de los presupuestados, con justificaciones como que “es una respuesta de la plaza local frente a una situación extraordinaria” o que “los precios de oportunidad del mercado de hoy resulta también diferentes a los del pasado”. Se habló de “valores que refleja el mercado en el presente” o un “contexto de perentoriedad”.
“La irregular forma de contratación, evidenciada a través de la falta de fundamentación para validar la oferta presentada, constituyó el mecanismo por medio del cual se intentó dar un viso de legalidad -de racionalidad formal burocrática- y disfrazar la espuria connivencia entre los funcionarios públicos y los representantes de Skanska”, dice el fallo de Casanello. Y agrega que “el éxito de las empresas en obtener mayores valores que los presupuestados originalmente devino de la decisión irregular de la Administración por modificar los procedimientos de contrataciones, que encuentra justificación en un acuerdo entre funcionarios públicos y privados para direccionar la contratación de Skanska en las obras del Proyecto de Ampliación de Gas 2005″.
La contratación de Skanska, producto de la injerencia de las más altas autoridades de los organismos encargados y su ilegítima actuación en las contrataciones, se revela superpuerta con el pago de sobornos a los funcionarios que intervinieron”, dijo Casanello.
Concluyó que el juez que “se tiene por acreditado que en el marco del Proyecto de Ampliación de Gas 2005 la empresa Skanska, a través de sus directores y gerentes, había entregado dinero a funcionarios del exMinisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en concepto de retribución en el marco de un acuerdo espurio para direccionar la contratación irregular de Skanska SA”. Las comisiones indebidas detectadas ascendieron a $13.949.829,87, precisó.
El monto de lo defraudado asciende a $34.594.947,34 en ambas obras, calculados en 2005. Al actualizar los montos del perjuicio por el índice de la construcción para determinar los embargos, el juez dispuso que en el caso de los funcionarios procesados por frade y cohecho ascienda a $401.426.783, compuesto por $286.733.416 por el fraude y $ 114.693.366 por el cohecho.
