La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió en las primeras horas del sábado la deportación de supuestos pandilleros venezolanos desde el estado de Texas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, tras una orden del gobierno de Donald Trump invocando una ley del siglo XVIII utilizada únicamente en tiempos de guerra.
“Se ordena al gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro de la supuesta banda de detenidos hasta nueva orden de esta corte”, decretó el máximo tribunal en un escueto dictamen.
Decisión de la Corte Suprema envía contundente mensaje a Donald Trump
La presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (Wola), Carolina Jiménez, explicó que “si la administración no cumple con esta pausa, estaríamos ante una crisis constitucional y eso iniciaría una fase muy distinta en la democracia en Estados Unidos, en la que una administración desafía a la Corte Suprema”.
En declaraciones para el medio France 24, Jiménez señaló que “aunque es una pausa, se envía un importante mensaje. El sistema de justicia norteamericano está poniendo el debido proceso, que es un derecho que tiene cualquier persona independientemente de su estatus migratorio, por encima de las políticas públicas”.
La decisión de la Corte Suprema se da tras la apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos para frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro del estado de Texas. De acuerdo con estos abogados, a los migrantes no se les respetó su debido proceso.
En este caso, lo que consideró el alto tribunal, compuesto por seis magistrados conservadores y tres liberales, es que la administración de Donald Trump iba en camino a desatender un dictamen previo en el que se pedía ofrecer a los migrantes el debido proceso de presentarse ante un juez antes de ser deportados.
Caso de Kilmar Ábrego
La semana pasada, la Corte Suprema también ordenó al gobierno de Donald Trump «facilitar» el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo y encarcelado en una prisión de su país precisamente bajo la misma ley.
Kilmar Ábrego García vivía en Maryland y había recibido un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado a su país porque podría estar en peligro.
El gobierno de Trump reconoció un «error administrativo» en la deportación de Ábrego García.
Sin embargo, Trump insiste en que Ábrego García es miembro de una banda criminal e incluso publicó el viernes en las redes sociales una foto aparentemente manipulada en la que aparece un símbolo de una banda tatuado en sus nudillos.
Los migrantes deportados a El Salvador se encuentran encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al sureste de la capital, San Salvador. Esta prisión de extrema seguridad es considerada el penal más grande de Latinoamérica, con una capacidad para 40.000 presos.
El Nacional
