Seis detenidos, ninguna víctima mortal y una investigación en proceso para identificar a los responsables de los incendios de los dos vehículos que estallaron, con dos horas de diferencia y a pocos kilómetros de distancia.
El primero explotó cerca a una zona comercial en Quito, la capital. La policía registra que algunos sospechosos abandonaron el coche que contenía un explosivo de fusible lento y otros dos hombres arrojaron un líquido inflamable sobre el auto.
El estallido de este vehículo en la noche del miércoles 30 de agosto causó al menos cuatro explosiones, sin dejar víctimas, frente al antiguo edificio del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Según las declaraciones oficiales, se encontraron “dos cilindros con combustible, mecha lenta, y aparentemente tacos de dinamita”.
El general de la Policía, Pablo Ramírez, dijo en medios locales que, aunque al inicio se pensó que se trataba de un simple incendio de un vehículo por alguna falla técnica, luego se atribuyó esta acción como una “respuesta del crimen organizado, debido a una serie de traslados de presos” que se llevaron a cabo este mismo miércoles.
Esta misma modalidad fue registrada el año pasado. Varios carros bomba estallaron en la ciudad portuaria de Guayaquil, en lo que se atribuyó como un conjunto de sucesos relacionados a atentados.
Sin dar más detalles, las autoridades también dijeron que este miércoles se reportaron incidentes de seguridad en la cárcel de Turi en Cuenca, donde un número indeterminado de reos y personal penitenciario están recluidos en un motín carcelario, con lo que ciudadanos del sector temen que pueda ocurrir algo peor durante el resto de la semana.
El segundo coche bomba, reportado en la madrugada de este jueves 31 de agosto, causó daños en los exteriores de la sede actual del SNAI, frente a la Universidad Salesiana.
Sobre los detenidos, Ramírez dijo en declaraciones oficiales que seis personas fueron retenidas a varios kilómetros del sitio, cinco de nacionalidad ecuatoriana y un colombiano.
Según los registros, la mayoría tenían antecedentes por extorsión, robo y/o asesinato, y que ahora se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial.
“Tres de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas”, apuntó el jefe policial.
Plan de intervención en las cárceles
Tan solo horas antes de ocurrir estas explosiones, se llevó a cabo una intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas en la cárcel de Latacunga, de la provincia andina de Cotopaxi, situada a unos 70 kilómetros al sur de Quito, que desató motines en las prisiones de las ciudades andinas de Cuenca y Azogues, capitales provinciales de Azuay y Cañar, respectivamente.
Estas tres cárceles (Latacunga, Cuenca y Azogues) están presuntamente controladas por la banda criminal Los Lobos, entre cuyos cabecillas está Luis Arboleda, más conocido como el ‘Gordo Luis’, detenido en julio en Colombia y trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca.
Motines simultáneos en las cárceles
Desde mediados del mes de agosto, el Gobierno dio a conocer un plan para redoblar los esfuerzos, el presupuesto y el número de efectivos para intervenir las prisiones, donde se ha incrementado la violencia, los motines y las amenazas de muerte entre las bandas criminales.
La intervención en la prisión de Latacunga, la sexta de la serie de intervenciones más recientes, contó con la participación de más de 2.200 policías y militares.
El objetivo fue incautar armas blancas, alcohol y equipos electrónicos prohibidos en las prisiones.
Por otro lado, la intervención militar y policial en la cárcel de Cotopaxi provocó motines de reos en las prisiones de las ciudades de Cuenca y Azogues, las capitales provinciales de Azuay y Cañar.
Violencia, narcotráfico y crimen organizado
Desde inicios de la pandemia de Covid-19, la inseguridad y la violencia han aumentado exponencialmente en distintas ciudades de Ecuador, un flagelo que desde antes de la llegada de Guillermo Lasso al poder se ha tenido entre los problemas a resolver por parte del Estado y que ha contado con distintas intenciones para ser resuelto.
En noviembre de 2021, el SNAI inició un plan para reestructurar el sistema carcelario del país y destinó un presupuesto de hasta USD 125,5 millones con fecha límite de 2025; sin embargo, medios ecuatorianos como ‘El Universo’ y ‘Primicias’ denuncian que cuando se trata de inversión en el sector carcelario, el dinero suele no ser destinado a estas causas en su totalidad.
Para este año, en marzo de 2023, los diarios registraron que desde la aprobación del presupuesto en 2021 hasta el tercer mes del año, ya habían pasado 16 meses y el avance del programa solo llevaba el 12%, que algunas obras y contrataciones no habían llegado a su nivel de ejecución y que el escenario se asemejaba a lo ocurrido en los años anteriores.
Uno de los más violentos
“En 2021 se proyectó invertir USD 5,5 millones, pero se destinó menos de un millón; en 2022 se asignaron USD 30 millones, pero se adjudicaron USD 3,6 millones; y en 2023, cuyo presupuesto es de USD 30 millones, no se ha devengado nada hasta febrero, según los informes del SNAI”, se lee en una publicación de ‘El Universo’.
Desde 2020, las masacres en los centros penitenciarios ha cobrado la vida de más de 400 presos y parte de la respuesta del Gobierno ha sido confiscar las armas de los reos, pero con sucesos como la explosión de los coche bomba, se evidencia que la violencia y la inseguridad se empieza a instaurar en las calles del país sudamericano.
Con EFE, Reuters y medios locales
