El Comité para la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), familiares, sindicatos y representantes universitarios se reunieron este martes 13 de enero en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.
La convocatoria surge tras cinco días desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció un proceso de excarcelaciones de «un número importante» de presos políticos en el país, el cual ha sido cuestionado por activistas y familiares por no contar con listas oficiales y por la opacidad.
Aunque el Ministerio para el Servicio Penitenciario emitió este lunes un comunicado en el que asegura han salido 116 presos políticos; la realidad en las cárceles cuenta una historia distinta. Las organizaciones de derechos humanos apenas confirman un poco más de la mitad de esa cifra, con registros que oscilan entre 59 y 70 personas excarceladas.
En medio de esta espera, las familias de los presos políticos se han acercado a los centros de detención para visibilizar sus casos, muchos de los cuales salen a la luz pública por primera vez. Madres, esposas e hijos permanecen a las puertas de las prisiones con la esperanza de que su familiar reciba la medida informada por el funcionario gubernamental.
En Efecto Cocuyo elaboramos siete claves de la posición del Clippve, los familiares y activistas de derechos humanos tras estas excarcelaciones.
•Registro de nuevos casos
Diego Casanova, representante del Clippve, informó que en las últimas horas se han sumado al menos 100 denuncias de nuevos casos de personas víctimas de la represión.
Estos registros corresponden a familiares que anteriormente no habían solicitado auxilio ni denunciado las detenciones, debido al «terror sostenido» aplicado contra la población.
Este incremento en el registro de víctimas surge tras la expectativa generada por los recientes anuncios oficiales. Casanova destacó que estos nuevos casos son una muestra de que la represión continúa y que el número de afectados es mayor al inicialmente visibilizado por las organizaciones de derechos humanos.
•Cifra real de detenidos superan los mil
El Clippve denunció que, a pesar de las promesas de excarcelación, actualmente existen más de mil personas detenidas injustamente en el país. Casanova desestimó que los recientes anuncios hayan resuelto la crisis de derechos humanos y aseguró que la cifra global de presos políticos sigue siendo crítica y fatal para la sociedad venezolana.
El vocero enfatizó que el balance actual es negativo, pues mientras se habla de excarcelaciones, el despliegue de funcionarios y grupos paramilitares persiste para acechar a la población.
Para el Comité, no puede existir una transición real en Venezuela sin la libertad plena e incondicional de todos los presos políticos.
El Clippve convocó a la formación de un «movimiento de movimientos« para articular a todos los sectores que hoy tienen presos políticos en el país. Esta plataforma busca integrar a gremios, universidades y familiares en una unidad amplia para ejercer presión nacional e internacional.
•Disparidad en las cifras de excarcelaciones confirmadas
Frente a las expectativas de excarcelaciones masivas, el Clippve solo ha podido constatar 69 casos de manera efectiva hasta este martes 13 de enero.
Esta cifra contrasta con los anuncios oficiales, lo que para la organización demuestra que no se ha cumplido con el número significativo prometido por las autoridades.
•Denuncia de presos políticos en situación crítica de salud
Margaret Baduel, hija del general Baduel, quien murió en custodia del Estado y hermana de Josnar Baduel, informó que existe un registro de 86 presos políticos con patologías graves, que incluyen cáncer y severos problemas de movilidad.
Señaló que estas condiciones se ven potenciadas por el aislamiento extremo y la falta de atención médica, especialmente en recintos como El Rodeo I, donde las celdas son de dimensiones reducidas (2×2) y el acceso a agua y comida es discrecional.
Baduel recordó la gravedad de esta situación y citó que ha habido 26 muertes bajo custodia del Estado debido a la inhumanidad de la reclusión. La exigencia de medidas humanitarias inmediatas para este grupo de riesgo ha sido desatendida por el gobierno, expresó Baduel.
•Persecución contra el sector sindical
Pedro Euse, representante del sector sindical, denunció una política sistemática de criminalización de la lucha laboral. Destacó casos emblemáticos como los de Daniel Romero, Juan Maduro, William Lizardo y José Elías Torres (este último en condición de desaparición forzada), detenidos por ejercer actividades sindicales en sectores como el petrolero, salud y educación.
El dirigente señaló que la clase trabajadora ha sido uno de los blancos principales de la represión, con líderes que hoy se encuentran aislados o desaparecidos.
•Apoyo del sector universitario
Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios, alertó sobre el impacto de la represión en la comunidad universitaria y señaló que muchos estudiantes han tenido que abandonar el país por temor a ser encarcelados.
Como medida de apoyo, anunció la habilitación de un centro de recolección de insumos para ayudar a los familiares de los presos políticos que atraviesan dificultades económicas.
Asimismo, el sector universitario exigió la derogación del artículo 5 de la Ley de Conmoción Exterior, utilizada como herramienta legal para las detenciones.
•Exigen gesto humanitario
Aurora de Superlano, esposa del dirigente Freddy Superlano, hizo un llamado a que el gobierno realice gestos humanitarios reales como primer paso para cualquier proceso de reconciliación nacional.
La esposa del excandidato a las primarias opositoras relató que, tras 18 meses sin visita, pudo ver a su esposo recientemente a través de un vidrio durante apenas 25 minutos, después que fue mantenido en aislamiento sin reconocerse oficialmente su lugar de reclusión.
La vocera enfatizó que los familiares no piden la libertad de un número específico de personas, sino la libertad plena de la totalidad de los presos políticos.
Efecto Cocuyo
