La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistió en que están preparados para visitar Venezuela y ayudar en el nuevo proceso político que vive el país, tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, para acelerar la transición democrática.
Edgar Stuardo Ralón, presidente de la CIDH, dijo: «Insistimos en una visita en terreno, para poder ir a Venezuela. Necesitamos que el Estado dé la anuencia, en un formato que nos permita ayudar a que se aceleren los procesos de una transición democrática. La Comisión está lista en cualquier momento para ir a Venezuela».
La CIDH también exigió la libertad «plena y total» de los presos políticos, en el marco de la aprobación de la Ley de Amnistía. Condenó que muchos de los que han salido de las cárceles no tienen libertad plena, sino que quedaron «bajo algún monitoreo, restricciones y presiones». Reiteró que cientos de los detenidos en el país fueron encarcelados «por haber ejercido su libertad de expresión o de asociación».
Ralón afirmó que en los últimos años Venezuela ha vivido momentos difíciles marcados por restricciones a la libertad de expresión, persecución y el miedo. Sin embargo, resaltó que «han demostrado una extraordinaria resiliencia cívica» y que con el hecho de que cada periodista informe, cada defensor alce la voz y que cada ciudadano exija dignidad «se mantiene viva la promesa democrática del país».
El presidente de la CIDH enfatizó que la libertad y la democracia «no son concesiones del poder; son derechos inherentes de los pueblos, de cada una de las personas» y reiteró que cuando las personas los reclaman con perseverancia «terminan por abrirse camino».
Caso Venezuela
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, fue uno de los expositores en la sesión llamada «Venezuela: Derecho a la libertad de expresión, prensa, información y asociación», que se dio este martes 10 de marzo. Indicó que aún se mantienen llamadas a los medios de comunicación «para condicionar la cobertura de temas políticos, limitar transmisiones en vivo o forzar silencios».
Añadió que en lo que va de 2026 se han cerrado cuatro emisoras de radio, por supuestas razones administrativas, pero afirmó que la realidad es que son «mecanismos de censura indirecta» que reduce más el pluralismo informativo.
No obstante, Correa reconoce que tras años de cierre, se han dado algunas señales de distensión como el ingreso a diversos medios de comunicación a Miraflores, a la Asamblea Nacional, así como las entrevistas concedidas por el diputado Jorge Rodríguez a periodistas independientes.
Carlos Correa también celebró las excarcelaciones de los trabajadores de la prensa, aunque rechazó que no todas hayan sido de libertad plena. Además, señaló que «no existen garantías claras de no repetición».
Entre las exigencias de Espacio Público destacan el desbloqueo de distintos sitios web. Insistió en que es una medida que puede ejecutarse de forma inmediata.
Por su parte, la abogada Francis Betancourt, coordinadora del programa de Defensa de esta organización, aseveró que pese a la aprobación de la Ley de Amnistía «existen limitaciones que contrastan entre la intención de reconciliación nacional con el nivel de acción». Solicitó a las autoridades publicar los listados de los beneficiados por esta medida para verificar la veracidad de las cifras dadas por el Estado.
La especialista también rechazó que el Tribunal Supremo de Justicia haya decidido en febrero de este año que el delito de incitación al odio pase a ser un delito imprescriptible y que se considere elevar la característica de este a «delito de lesa humanidad». Afirmó que con resolución se violentan los estándares del derecho a la libertad de expresión.
También recordó que «el Estado venezolano tiene una deuda de cumplimiento y por omisión de nueve sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la libertad de expresión».
La relatora de la CIDH para Venezuela ante el Consejo Permanente de la OEA, Gloria de Mess, dijo que los testimonios recabados por los trabajadores de la prensa y que se han hecho llegar a la CIDH demuestran que «la censura no es algo aislado», sino que se practica para infundir miedo en la sociedad, para mostrar que el Estado reprime.
Indicó que la visita in situ servirá para hacer escrutinio.
TalCual
