El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) acudió este martes al Ministerio Público para exigir respuestas sobre la situación de al menos 201 personas detenidas cuyo paradero sigue siendo desconocido, según los registros de la ONG.
Desde las afueras de la sede del organismo, en Caracas, el activista Diego Casanova denunció la falta de información oficial sobre estos casos, durante una manifestación protagonizada por familiares de los detenidos.
“En esta oportunidad venimos nuevamente para pedir respuesta por los desaparecidos, es decir, las personas que se encuentran en este momento en detención o (alguna) forma de detención que puede constituir desaparición forzada”, expresó.
Casanova explicó que muchos de estos ciudadanos fueron arrestados en sus viviendas o en la vía pública, y que desde entonces sus allegados no han recibido datos claros sobre dónde se encuentran. Aseguró que los cuerpos policiales se niegan sistemáticamente a ofrecer información a los familiares.
El activista, junto con otros dos representantes del comité, ingresó a la Fiscalía para consignar un documento en el que se enumeran los casos de al menos 201 “personas en situación de desaparición forzada”.
En la misiva, dirigida al fiscal general Tarek William Saab, el Clippve alertó que “la desaparición forzada en Venezuela ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una violación pluriofensiva y continuada”.
La organización señaló que “los cuerpos de seguridad del Estado privan de libertad a ciudadanos sin orden judicial y niegan sistemáticamente su paradero durante los días, semanas, meses y años posteriores a la aprehensión”.
Entre sus exigencias, el comité solicitó a Saab información inmediata sobre la ubicación exacta y las condiciones de reclusión de estas personas, así como el acceso de familiares y abogados a los centros de detención y la realización de evaluaciones médicas con un “médico forense independiente”.
Exigen libertad inmediata para los detenidos
Reiteró su planteamiento de establecer una mesa de diálogo con el Ministerio Público, otras organizaciones de derechos humanos y representantes de Naciones Unidas, con el objetivo de “garantizar los derechos humanos, acelerar las liberaciones y alcanzar la justicia”. A la par, insistió en la demanda de “libertad inmediata y plena para todos”.
Mientras los representantes del comité permanecían dentro del edificio, los familiares que los acompañaban fueron desalojados de la entrada por cerca de 20 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes los obligaron a reubicarse en la acera opuesta.
En el lugar, los manifestantes exhibieron fotografías de sus parientes detenidos, junto a sus nombres, además de pancartas con consignas como “¿Dónde están? No más desapariciones forzadas”.
Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, relató a Efe que tras el anuncio realizado el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de detenidos, muchas familias recorrieron distintos centros de reclusión con la expectativa de que las excarcelaciones se concretaran.
“Estamos todos preocupados, estamos desgastados, pero aquí vamos a continuar en cada centro de detención”, afirmó Ávila, quien además sostuvo que no percibe la existencia de “un proceso serio”.
EFE
