El Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU anunció la apertura de un caso contra el Gobierno de Nicolás Maduro para investigar los comicios electorales del pasado julio en Venezuela y le ha exigido conservar las actas de escrutinio, según anunciaron este martes un grupo de abogados denunciantes.
Uno de los abogados, Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD. HH., confirmó a EFE que el Comité les notificó que ha abierto su caso y ha dictado varias medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente conservar los materiales electorales clave como las actas de escrutinio.
Abrão es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EE. UU.), que denunciaron ante el Comité en octubre violaciones de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.
La notificación del Comité, revisada por EFE, indica que este ha «solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales» incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación» mientras investiga.
La denuncia presentada ante la ONU alega que el gobierno venezolano cometió múltiples violaciones a derechos humanos fundamentales durante estas elecciones:
1.- Fraude electoral masivo: Se declararon resultados falsos que distorsionaron gravemente la voluntad popular.
2.- Falta de transparencia: Las autoridades no publicaron documentos esenciales como el Acta de Totalización y las actas de escrutinio.
3.- Restricción al voto en el exterior: Se impidió injustamente que millones de venezolanos en el extranjero ejercieran su derecho al voto.
4.- Obstrucción al control ciudadano: Al negar el acceso a los materiales electorales, se violó el derecho de los ciudadanos a supervisar la legitimidad del proceso.
5.- Supresión de acceso a la justicia: La sentencia 031 de 2024 del Tribunal Supremo bloqueó cualquier posibilidad de impugnar los resultados o de acceder a un recurso judicial efectivo.
Los abogados dijeron en una nota que la apertura del caso es un «avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela», y que «probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela».
En su denuncia «se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025», agregaron.
Ese venezolano común es uno de los abogados, Ignacio Álvarez Martínez, residente en EE. UU., y que denuncia una privación del voto que es común al resto de sus conciudadanos en el extranjero, de los cuales estiman que 5,5 millones están habilitados para votar, es decir, una cuarta parte del electorado.
Los abogados exponen en su denuncia la situación en Venezuela antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio, donde señalan un «patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados».
E inciden, al pedir medidas provisionales, «la posibilidad inminente de que se materialicen daños irreparables a los derechos humanos», ya que no es «un típico caso en el que se cuestionan los resultados electorales por parte de un candidato» sino «un escandaloso y gravísimo desconocimiento del resultado de una elección».
En ese sentido, destacan que «a pesar de que se impidió votar al 99 % de los millones de venezolanos que viven en el exterior, las actas de escrutinio publicadas por la oposición revelan que el gobierno en funciones perdió las elecciones por una mayoría abrumadora de quienes sí votaron dentro de Venezuela».
El Comité de DD. HH. de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes.
Efecto Cocuyo
