Venezuela se someterá a su V examen sobre el cumplimiento por parte del Estado de los derechos reconocidos por el Pacto Internacional sobre derechos Civiles y Políticos, en el marco de la sesión 139 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La evaluación comenzó el lunes 9 de octubre y culminará el próximo 3 de noviembre, tras la valoración final del Comité al informe que presentarán los representantes del Estado venezolano.
Pero no es la primera vez que el país será sometido a este examen, en 1980, 1992, 2001 y en el año 2015, el Estado venezolano compareció ante los expertos del Comité.
El Comité, conformado por 18 expertos independientes, evaluará el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el ente durante el último examen al que fue sometido Venezuela.
De qué se encarga el Comité de los DDHH de la ONU
El Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encarga de la vigilancia del ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas de los países miembros del organismo internacional.
Los Estados parte de la ONU deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercen los derechos en sus países.
Las naciones deben presentar un informe un año después de su adhesión al Pacto y luego siempre que el Comité lo pida. Por lo general sucede cada cuatro años, aunque Venezuela tenía ocho años sin someterse al examen.
El Comité tiene la función de examinar los informes y luego expresar sus preocupaciones y recomendaciones al Estado.
Los expertos deben examinar las denuncias entre los Estados y este tiene competencia para examinar señalamientos de los particulares en relación con supuestas violaciones del Pacto, cometidas por los Estados que integran la organización.
Qué es el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos
Es un tratado multilateral general que reconoce los derechos civiles y políticos y establece mecanismo para su protección y garantía en todos los países que forman parte del Pacto.
El Pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966, y entró en vigencia el 23 de marzo de 1976 y en la a actualidad ha sido ratificado por 173 Estados.
La ONU adoptó este tratado junto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ambos son conocidos como los pactos internacionales de los Derechos Humanos, y junto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos comprenden la llamada Carta Internacional de los DDHH.
La importancia de la sociedad Civil ante el Comité
La Red Electoral Ciudadana (REC), una alianza entre las organizaciones Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Voto Joven y el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), señalan que las organizaciones no gubernamentales que se encargan del seguimiento y la defensa de los derechos humanos tienen la oportunidad de brindar información de contexto al Comité.
La alianza señala que la información provista por las organizaciones nacionales permite al Comité de la ONU poner en contexto y analizar los informes entregados por los Estados y así ubicarse en la realidad del país.
“Los miembros de la sociedad civil que tengan un punto de vista diferente sobre las cuestiones planteadas en el informe oficial, o que deseen plantear cuestiones que, no tratadas en dichos informes, pueden enviar informes paralelos al Comité”, señala un escrito publicado por la REC.
La presentación de informes paralelos son una estrategia que les permite a la sociedad exigir que los Estados asuman su responsabilidad por las obligaciones establecidas en el Pacto.
“Los informes paralelos ayudan a asegurar que los órganos de tratados de la ONU conozcan, discutan y hagan recomendaciones a los Estados respecto de temas importantes de los derechos humanos que hayan sido pasados por alto u omitidos en el informe oficial del Estado”, dice.
Venezuela país que no coopera con el Comité
La última comparecencia del Estado venezolano ante el Comité fue durante el año 2015, y en esa sesión el país fue calificado con el estatus de no cooperación con el Comité, pues este no cumplió con las recomendaciones vinculadas a asuntos como la protección de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y dirigentes de oposición ante actos de intimidación y persecución.
El Estado tampoco hizo frente a la garantía de igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia basada en género, igualmente no hubo mejora en la vida de las personas privadas de libertad, en la libertad de expresión y de reunión pacifica y de asociación. En el país tampoco se asegura la autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y el sistema de justicia.
En un comunicado, la organización Cepaz, indicó que los más de 40 informes presentados por las organizaciones de la sociedad civil independiente dan cuenta que, transcurrida casi una década desde la última evaluación, no solo no se han cumplido con estas recomendaciones, sino que el ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población venezolana se encuentran cada día más mermados.
Efecto Cocuyo
