La familia del abogado venezolano Perkins Rocha, asesor legal de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la mayor coalición antichavista-, denunció este martes que no «se le ha permitido tener asistencia médica» en los nueve meses que han pasado desde lo que calificó como su «injusto» arresto.
En la red social X, Santiago Rocha, hijo del letrado, dijo que, en el período que lleva detenido, su padre «no ha podido tener ni visita de sus abogados ni de su familia» y «tampoco se le ha permitido tener asistencia médica», pese a su «condición médica especial preexistente», que no detalló.
Cipriani ha denunciado que su esposo es sometido a una «incomunicación y aislamiento» en el Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
«Hace nueve meses secuestraron a Perkins Rocha. (…) Hoy seguimos luchando por Perkins y su libertad», agregó.
Por su parte, la esposa del abogado, María Costanza Cipriani, expresó en la misma red social que pese a «la tristeza y la indignación latente como el primer día» de su «injusto cautiverio», y con «la vida en pausa», no se derrumban y siguen luchando por su libertad.¿De qué acusa el régimen a Perkins Rocha?
Rocha fue un estrecho colaborador en la campaña del candidato de la PUD a las presidenciales de 2024, Edmundo González Urrutia, y denunció «fraude» en el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En septiembre del año pasado, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Rocha, así como a los exdiputados Freddy Superlano y Biagio Pilieri -también detenidos-, con la divulgación que hizo la PUD del «85,18 %» de las actas electorales de las presidenciales, documentos que el oficialismo tilda de falsos.
Saab dijo entonces que estos opositores están siendo investigados porque «avalaron», «verificaron», «difundieron» y «divulgaron como real» la página web donde están las «actas» que la PUD recolectó a través de testigos y miembros de mesa en los comicios, y que el bloque señala como prueba del reclamado triunfo de González Urrutia.
En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio de Rocha tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.
EFE
