Familiares de presos políticos se concentró este jueves frente al Ministerio para el Servicio Penitenciario, en Caracas, con el fin de denunciar las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos y exigir el fin de los presuntos abusos en los centros de reclusión.
Manifestantes señalaron directamente a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), a quienes responsabilizan de prácticas que califican de torturas y tratos crueles contra los detenidos.
Andreina Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), aseguró que las denuncias no son recientes ni aisladas. Añadió que familiares acuden con frecuencia al organismo, pero no consiguen respuesta.
“Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos, y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas”, afirmó.
La activista sostuvo que la responsabilidad no se limita a los cuerpos de inteligencia, sino que involucra directamente a instancias del sistema penitenciario. Denunció que el ministerio ha sido “cómplice” de esas prácticas a través del grupo Sesma, una unidad adscrita a la Dgcim, que según indicó opera en los recintos carcelarios.
Familiares denuncian visitas degradantes y riesgo de muerte en cárceles
Más allá de las condiciones de los detenidos, familiares denunciaron que ellos mismos son objeto de restricciones y tratos degradantes al hacer visitas. De acuerdo con sus testimonios, son trasladados encapuchados en las instalaciones y solo pueden comunicarse con los detenidos a través de “un vidrio y un teléfono”.
Baduel advirtió sobre la situación crítica de su hermano Josnar Baduel, recluido en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda. Señaló que se encuentra en “riesgo inminente de muerte” debido a las condiciones de reclusión, que describió como de “horror”, lo mismo que por antecedentes de maltrato durante su permanencia en el Sebin.
Denuncian desnutrición
A esas denuncias se sumaron otros familiares en la manifestación. Mayra Morales relató el deterioro físico de su hermano, Carlos Fonseca, detenido en el Fuerte Guaicaipuro. A pesar de que, según indicó, las autoridades aseguran que recibe alimentación, la realidad sería distinta.
“Lo conseguimos desnutridos, los dientes se les están cayendo a los muchachos, los muchachos no están bien de salud”, expresó.
Fonseca forma parte de un grupo de 33 personas acusadas de participar en la fallida incursión marítima conocida como Operación Gedeón en 2020, caso que el gobierno ha vinculado con intentos de invasión armada.
Las denuncias ocurren en un contexto marcado por la reciente aprobación de la ley de amnistía, medida que, aunque ha permitido excarcelaciones, continúa siendo cuestionada por su alcance limitado. La normativa contempla un período de 27 años, pero restringe sus beneficios a casos específicos, dejando fuera otros procesos, incluidos aquellos relacionados con operaciones militares.
Hasta el jueves, el Parlamento reportaba 7.727 libertades plenas otorgadas bajo esta ley. Sin embargo, la mayoría de los beneficiados permanece con medidas cautelares, mientras que un grupo continúa en prisión, lo que mantiene la preocupación de familiares y organizaciones de derechos humanos sobre la situación de quienes siguen detenidos.
El Nacional
