Las continuas recomendaciones de diversos mecanismos de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y justicia en Venezuela han caído en saco roto. Según la alianza Justicia y Verdad, la administración de Nicolás Maduro ha incumplido 180 recomendaciones en estas materias.
Estas recomendaciones son «el reflejo del proceso de erosión del Estado de Derecho, específicamente del poder Judicial», al igual que la insistencia del Estado venezolano en no cooperar con mecanismos internacionales, señaló la alianza, conformada por 18 ONG nacionales e internacionales, en su informe «Sin cumplimiento de recomendaciones no puede haber justicia».
Las recomendaciones identificadas han sido emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos y los resultados del Examen Periódico Universal, donde se demuestra «una crisis multidimensional sin precedentes en el país, caracterizada por sistemáticas violaciones de derechos humanos debido a la falta de Estado de Derecho, la privación masiva de derechos económicos y sociales, y el deterioro de las instituciones democráticas y de justicia».
La alianza señaló que al menos 65 sugerencias de mecanismos de la ONU han apuntado a reformas integrales de justicia, fortalecimiento institucional, garantías de acceso a la justicia y rendición de cuentas, al igual que el derecho a la reparación integral y medidas de protección a las víctimas.
Además de una falta de voluntad para llevar a cabo transformaciones genuinas en el sistema de justicia, las ONG indicaron que no hay esfuerzos del Estado para disminuir la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos. Denunciaron la «instauración de un mecanismo sofisticado con el cual no se están tomando correctivos auténticos, y que permite que el sistema de justicia siga actuando como un brazo ejecutor del poder Ejecutivo».
«En la actualidad, el funcionamiento de organismos clave encargados de denunciar delitos y casos relacionados con violaciones de derechos humanos en el país está seriamente comprometido. Asimismo, la voluntad de estos órganos para llevar a cabo investigaciones de manera independiente se ve afectada», señaló la alianza de ONG.
Esta situación, se destacó en el informe, ha consolidado situaciones estructurales que limitan considerablemente el acceso a la justicia en el país. «Lo mismo ocurre con los tribunales encargados de tomar decisiones, quienes operan en un contexto de grave inseguridad jurídica en sus cargos y corren el riesgo de sufrir represalias por sus acciones. Nada de esto ha sido verdaderamente atendido hasta la fecha».
Tal Cual
