Barquisimeto- Las denuncias hechas a través de las redes sociales están dando frutos, muchos de los casos e irregularidades que han sido registrados a través de teléfonos móviles, son las pruebas necesarias para resolver dichos acontecimientos dejando precedentes en la justicia venezolana.
Recientemente el caso de María Suárez, jefa de enfermería en el Hospital Pastor Oropeza de Carora en el estado Lara, es una de las pruebas más fehacientes, de cómo luego de captar el momento en el que injustamente fue esposada por tres funcionarios activos de la policía regional de esa entidad por exigir el uso de tapabocas dentro de la institución hospitalaria y al ser difundido por las redes hasta llegar al fiscal general, éste ordenó la detención de los involucrados imputándoles los delitos de privación ilegítima de libertad y trato cruel.
Pero siempre hay dudas entre los usuarios, cuando se consiguen con funcionarios que arropados con su investidura policial, impiden que se graben actos irregulares, asegurando que esto es un delito, en este sentido el diario El Informador Venezuela reseñó que jefes de seguridad advirtieron que no se les puede prohibir a los ciudadanos usar sus equipos móviles para registrar un hecho cuando se trata de una irregularidad.
«Directivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) aclararon que todo ciudadano está en el derecho de usar sus artefactos móviles para grabar y dejar pruebas de alguna irregularidad, por lo que consideran que no se trata de un delito grabar a ciudadanos o funcionarios que estén en la vía pública», recalcaron en su información.
Es necesario recordar, que durante los últimos meses gran cantidad de usuarios han denunciado a través de las redes sociales ser víctimas de alguna irregularidad por parte de funcionario o incluso trabajadores de organismos públicos, y justamente ha sido el material audiovisual el usado para alertar a los organismos del mal ejercicio de sus servidores.
Los funcionarios entrevistados, acotan que basta con tomarse un tiempo para revisar el perfil de Twitter del fiscal general, Tarek William Saab para darse cuenta que cada vez son más las acusaciones acompañadas de filmaciones, pero también ha sido recurrente observar que algunos de los involucrados ordenan “no grabar”, alegando múltiples razones, supuestamente justificadas por la ley.
«Ante una posible “mala actuación” de representantes de un organismo, el ciudadano puede informar que grabará la situación, y si ante el anuncio el involucrado impide la acción, bien sea de manera verbal o física (quitando el aparato), sería este quien incurra en abusos de autoridad, que pueden ser denunciados», mencionan en su artículo.
El director del Cicpc en Lara, Pablo castro señaló que la tecnología es una herramienta y siempre que esta se use para captar pruebas de un delito, puede hacerse sin pruebas, reiterando que “no es un delito grabar”.
Mientras que el director de la PNB, José Abad reiteró que aquellas personas a las que coercionen para impedir que el curso de una grabación, pueden dar parte a las autoridades a la cual pertenece el involucrado, haciendo uso de las oficinas de atención a las víctimas.
Ambos señalaron que aun cuando un ciudadano utilice esta herramienta para formular una denuncia, este material es evaluado para dar fe que se trata de un hecho real, y posteriormente se da aviso a los demás organismos con competencia para que se tomen las acciones necesarias.
Tras consultar al abogado penalista venezolano, Omar Flores, deja claro que: “la grabación de un hecho punible es legal, porque pasa a ser una prueba irrefutable de un hecho. Una vez que el Ministerio Público verifique la prueba con sus auxiliares de investigación le dará el valor a esa prueba, para así individualizar al autor de ese hecho y a la víctima”.
“La constitución reza el derecho a la privacidad del medio telefónico y legalidad de información” expresó y aclaró que ante la posibilidad que la situación ocurra en un lugar privado, expresó que igualmente el material puede ser aportado como prueba y “el tribunal que conozca de esa acción privada la valorará y verificará la legalidad de la misma con expertos”, puntualizó.
Fuente: noticiaaldia.com
