La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó este sábado que el presidente Nicolás Maduro presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para retirar la nacionalidad venezolana al dirigente opositor Leopoldo López, a quien acusó de promover una “invasión militar”, respaldar el “bloqueo económico” y “llamar al asesinato masivo de venezolanos”.
En un comunicado oficial difundido a través de sus redes sociales, Rodríguez señaló que la medida estaría amparada en el artículo 130 de la Constitución y en la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar -aprobada en noviembre de 2024-, normas que, según indicó, facultan al Ejecutivo a actuar frente a actos considerados de “traición a la patria”.
“El día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López, de conformidad con el artículo 130 de la Constitución y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, en razón de su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros”, señaló Rodríguez.
Según la vicepresidenta, tanto la Cancillería como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederán “de inmediato” a anular el pasaporte del opositor, quien se encuentra exiliado en España desde 2020.
“El Estado venezolano cuenta con los recursos suficientes para garantizar la integridad territorial y la soberanía de la República frente a poderes extranjeros y a quienes se presten a socavar la independencia nacional”, añadió Rodríguez en el comunicado.
Prohíbido en la Constitución
El anuncio genera un nuevo debate en el país, pues la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 35, establece de manera expresa que “los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad”.
En ese sentido, la medida planteada por el Ejecutivo solo podría aplicarse a ciudadanos naturalizados, y no a quienes hayan nacido en territorio venezolano, como es el caso de Leopoldo López, nacido en Caracas en 1971.
La solicitud del Gobierno venezolano recuerda lo ocurrido en Nicaragua en 2023, cuando el presidente Daniel Ortega y el Poder Judicial de ese país despojaron de su nacionalidad a 222 presos políticos liberados y desterrados a Estados Unidos, entre ellos figuras opositoras, periodistas y activistas de derechos humanos.
En aquel caso, la decisión fue ampliamente condenada por la ONU, la OEA y Amnistía Internacional, al considerarse una violación directa del derecho a la nacionalidad y de los tratados internacionales suscritos por Managua. Semanas después, España ofreció la nacionalidad española a los desterrados nicaragüenses, como medida de protección ante la decisión del régimen de Ortega.
El Nacional
