Desde protestas diarias en Buenos Aires a una huelga de hambre en Madrid, venezolanos por el mundo denuncian que sus consulados les obstaculizan el registro para votar en las presidenciales en las que Nicolás Maduro se juega su continuidad.
Funcionarios diplomáticos explican a los manifestantes que no han recibido las máquinas para captar huellas u optan por ignorarlos.
La escena se repite por consulados en América Latina y Europa, donde electores y activistas denuncian maniobras para impedir el voto en las presidenciales del 28 de julio de unas 5,2 millones de personas, muchas opositoras.
Jesús Delgado, de la ONG Transparencia Electoral que vigila los procesos comiciales en Latinoamérica, considera que estos obstáculos son «sistemáticos y responden a que el Consejo Nacional Electoral no les ha enviado ninguna directriz» a los consulados.
Las autoridades en Venezuela atribuyen a las sanciones internacionales los retrasos y dificultades para enviar las máquinas, según la prensa.
La ONU estima que casi ocho millones de venezolanos migraron de su país desde 2014. La mayoría huye de una crisis sin precedentes, con caída de 80% del PIB, hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas y una inmensa crispación política. El rechazo al gobierno de Maduro es amplio en el exterior.
Unos 5,2 millones deben actualizar su registro en el exterior o anotarse para votar por primera, según la ONG Súmate.
El padrón electoral fue actualizado por última vez en 2018 y tiene apenas 107.000 venezolanos registrados en el mundo. De ellos, unos 40.000 están inscritos en Estados Unidos, donde no podrán votar esta vez pues desde 2019 no funcionan los consulados debido a la ruptura de relaciones diplomáticas.
Entre el voto y la decepción
La elección enfrenta en principio a Maduro, quien apunta a un tercer mandato de seis años, con Manuel Rosales, un rival de Hugo Chávez en 2006.
También logró registrarse in extremis el exembajador Edmundo González Urrutia, considerado un «candidato tapa» que podría ser sustituido por otra persona que promueva la líder María Corina Machado, impedida de participar en la elección por una inhabilitación de 15 años.
El período de inscripción para los votantes va del 18 de marzo el 16 de abril.
En Colombia, que alberga a la mayor cantidad de venezolanos (2,8 millones, de los cuales se calcula que 1,2 millones son aptos para votar), el registro abrió con varios días de retraso, recién este martes.
No obstante, activistas temen que el consulado no considere como residencia legal el Estatuto Temporal de Protección, que el gobierno colombiano otorgó a miles de venezolanos para que pudieran trabajar y acceder a la salud.
«Esto genera mucha preocupación», comentó el dirigente opositor Eduardo Battistini, pues impide el registro de 80% a 90% de la población potencialmente votante. «Más allá de una violación flagrante de nuestro derecho a inscribirnos en el exterior, son excusas un poco ridículas».
Aunque en la comunidad venezolana en Bogotá también hay decepción con la política y cierta indiferencia ante los comicios.
«La verdad, no pienso votar. Estoy muy desentendida de la política, en los últimos diez años siento tanta decepción que no la sigo», dijo a la Afp Carolina Peña, una productora de moda de 37 años de edad que votó por última vez en 2013, cuando Maduro sucedió al presidente Hugo Chávez.
Manifestaciones
En contraste, en Buenos Aires ha habido protestas casi diarias frente a la embajada. El lunes, una treintena de manifestantes simularon el voto en una urna electoral. «El voto en el exterior es un derecho», se lee en una de las pancartas.
«Cada consulado tiene sus requisitos y los comunican de forma verbal. No hay nada oficial. En algunos piden residencia permanente, en otros pasaporte vigente. No hay un criterio uniforme», lamentó Adriana Flores, a las afueras del consulado en Buenos Aires.
En Argentina hay unos 220.000 venezolanos, de los cuales cerca de 150.000 cumplen con los requisitos para votar. Sin embargo, solo 2.200 están en el registro electoral, según cálculos de activistas.
En tanto, en Madrid, Lorena Lima, de 28 años de edad, dice haber hecho una huelga de hambre desde el viernes hasta este martes para exigir que abriera el registro.
«Fue un método de presión para que todos los venezolanos el mundo podamos inscribirnos», afirmó a la Afp, sentada sobre un cartón en la acera, un día antes de levantar la protesta.
En Quito, Luis Magallanes siguió el ejemplo: «Huelga de hambre para que se nos permita ejercer nuestro derecho legítimo de inscribirnos y actualizar nuestros datos en el registro electoral», dijo.
Autoridades venezolanas no respondieron solicitudes de comentarios de Afp.
AFP
