Un grupo de integrantes de Movir y algunos familiares de personas detenidas se concentraron este sábado 11 de julio frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador para rechazar el estado de excepción y pedir por la liberación de sus parientes detenidos, según ellos, «arbitrariamente»
Integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) -que brinda asesoría legal gratuita a familiares de personas detenidas en El Salvador en el contexto de un régimen de excepción- solicitaron a la Iglesia católica que se pronuncie por las violaciones a derechos humanos en el país y por las detenciones de «inocentes», de abogados y de activistas.
Samuel Ramírez, coordinador de Movir, dijo en declaraciones a la agencia EFE que les «preocupa» que la Iglesia y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, «guarden silencio» .
«Queremos que la iglesia católica reconozca que hay violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué el arzobispo no ha dicho nada? (…) aquí (en El Salvador) hay violaciones a los derechos humanos, hay capturas arbitrarias, persecución política y presos políticos», señaló Ramírez.
Dijo que no se explica «cómo es que un país que se vende que es el país más seguro está por más de tres años sometido a un régimen de excepción».
El régimen de excepción fue aprobado como una medida extraordinaria en marzo de 2022, tras un fin de semana con más de 80 homicidios, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido combatir a las maras, liberar a los territorios del dominio pandilleril y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.
Bajo este régimen se registran más de 87.000 detenciones de supuestos miembros de pandillas o supuestas personas ligadas a estas bandas, se reportan casos de violaciones a derechos humanos -la mayoría por detenciones arbitrarias- y más de 400 muertes en cárceles bajo custodia de agentes del Estado.
Venezolanos presos en El Salvador
El gobierno de El Salvador aceptó recibir a los venezolanos deportados por Estados Unidos, a quienes encarceló en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot). Los connacionales fueron acusados, sin presentar pruebas, de integrar la banda criminal Tren de Aragua.
Todos ellos están ahora incomunicados en la cárcel de máxima seguridad en El Salvador sin que el gobierno permita que sus familiares y abogados los visiten. Tampoco ha proporcionado información sobre ellos, ni siquiera sus identidades.
El cardenal Gregorio Rosa Chávez pidió este 10 de julio al Gobierno de Nayib Bukele que informe sobre los 252 migrantes venezolanos presos desde el 15 de marzo.
«Ciertamente alguien que está detenido tiene derecho a cosas mínimas que están establecidas en la ley internacional, que se sepa dónde está y cómo está», declaró Rosa Chávez a periodistas en la iglesia San Francisco en San Salvador.
La Iglesia ya se había pronunciado sobre los venezolanos el 20 de abril, cuando el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, pidió a las autoridades que no conviertan al país en «una gran cárcel internacional».
El cardenal afirmó ahora que «hasta los peores criminales» tienen derechos y pidió que «se informe sobre su situación a sus familias».
Con información de EFE
