Varias ONG de Venezuela aseguraron este martes que la Corte Penal Internacional (CPI) no ha negado la existencia de presuntas víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país, como afirmó el lunes el oficialismo, que también dijo que el alto tribunal «confirma» que estos hechos «nunca han ocurrido».
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón explicó, a través de Twitter, que la CPI, que «no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela». Lo que ha hecho es «proteger, como es su deber, a las miles de víctimas que hicieron observaciones a favor de que continúe la investigación por parte de la Fiscalía» de este tribunal.
El gobierno aseguró este lunes que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal adoptada el 4 de mayo «confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido», una particular conclusión a la que no ha llegado, por el momento, la corte.
Es despreciable el uso de medios de comunicación y redes sociales para desinformar y manipular la información con el fin de revictimizar y causar desesperación a quienes han sido víctimas de crímenes contra los derechos humanos», agregó la organización en la red social, donde compartió la captura de un tuit de un medio local sobre un reciente comunicado del Ejecutivo.
Al respecto, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo que el oficialismo «trata de manipular la utilización de términos que son estrictamente procesales y técnicos para dar una connotación que no es la correcta», por lo que lo dicho por el Ejecutivo es «absolutamente falso».
Señaló que «en ninguna parte de la decisión» la sala ha dicho que «en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad».
Además, destacó que, en el comunicado, el gobierno obvió que su solicitud de responder al informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas resultó «contundentemente rechazada» por la sala.
Esta decisión, agregó Daniels, supone «un revés importante para el gobierno, que pretendía, con una táctica dilatoria, ganar un mes de tiempo en el proceso».
