El activista y director de la ONG Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, afirmó este jueves que la propuesta de ley de amnistía, que será discutida en unas horas en el Parlamento de Venezuela, tiene una “falla de origen”, al ser promovida por el mismo gobierno que, según dijo, cometió “graves violaciones” de derechos humanos.
En su cuenta de X, Uzcátegui criticó que el borrador de la ley -que deberá ser aprobada este jueves por el Parlamento en segunda discusión para quedar sancionada- plantee la amnistía como “una medida de perdón”.
Asimismo, el activista advirtió que la iniciativa se enmarca en una tendencia regional de leyes de amnistía impulsadas por gobiernos con rasgos “autoritarios”, que, aunque han permitido excarcelaciones, también han servido para proteger directa o indirectamente a responsables de abusos.
“Además, son gestos aislados, usualmente vinculados a procesos de negociación política”, consideró.
Amnistía deja de lado derogación de leyes represivas
Por otra parte, Uzcátegui cuestionó que la propuesta no incluya la derogación de “leyes represivas, desmontaje del aparato represivo o sustitución de los funcionarios responsables”.
En la misma línea, la ONG Cofavic indicó en X que en el proyecto de la ley de amnistía no se “reconoce expresamente la responsabilidad del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos” ni tampoco “la voluntad de investigación, juzgamiento y sanción a responsables de estas violaciones”.
“Este fenómeno se conoce en la jurisprudencia internacional como ‘impunidad por absorción’: El Estado, al perdonar al ciudadano por su disidencia política, se perdona a sí mismo por la violencia ejercida para reprimir dicha disidencia”, subrayó la ONG.
Cofavic cuestionó que se ordene que los tribunales “decreten el sobreseimiento de las causas y la anulación de sentencias sin establecer mecanismos de preservación de las actuaciones judiciales y de conservación de los expedientes”, lo que a su juicio “podría enterrar la evidencia de los crímenes cometidos contra los amnistiados”.
Además, mencionó que el proyecto “presupone que las autoridades judiciales gozan de independencia en Venezuela, lo que han cuestionado y documentado distintos mecanismos de protección internacional de derechos humanos”.
La amnistía, tal como está planteada en el proyecto de ley, cubre casos desde 1999, lo que abarca los 27 años de gobiernos del chavismo, pero la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, lo que dejaría por fuera a varias personas que se consideran presos políticos.
EFE
