La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEPVzla), junto a 60 organizaciones de la sociedad civil, cuestionaron este viernes la designación de las nuevas autoridades del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, al tiempo que fijaron una serie de exigencias dirigidas a los funcionarios recién nombrados.
A través de un comunicado, las organizaciones advirtieron que el proceso de selección estuvo marcado por irregularidades que comprometen su legitimidad.
A su vez, subrayan que las fallas del proceso no deben ser normalizadas, al considerar que afectan principios constitucionales clave como la independencia de poderes y la participación ciudadana.
En el caso del Ministerio Público, advirtieron que la trayectoria institucional del nuevo titular dentro del propio aparato que ha ejecutado la persecución y criminalización de la disidencia “genera interrogantes serias sobre su capacidad de ruptura con ese patrón”. Mientras tanto, sobre la Defensoría del Pueblo señalaron que la falta de trayectoria en derechos humanos supone un desafío que deberá ser compensado con actuaciones independientes.
Pese a estos cuestionamientos, el documento recalca que ambos funcionarios están obligados a cumplir con el mandato constitucional de sus cargos. En ese sentido, recordaron que “tienen la obligación jurídica, institucional y ética de actuar con independencia, objetividad y velar por la garantía, sin discriminación, de los derechos humanos”.
Las organizaciones también hicieron énfasis en la necesidad de garantizar la autonomía de ambas instituciones. Según el texto, estas deben operar “libres de interferencias indebidas de otros poderes públicos, sin instrucciones políticas externas, sin represalias contra su personal, sin utilización partidista de sus competencias”.
El comunicado advierte además sobre el deterioro del rol institucional en materia de derechos humanos durante los últimos años. En ese contexto, señala que el Ministerio Público “ha operado sistemáticamente como instrumento de amenaza, persecución y criminalización”, mientras que la Defensoría del Pueblo ha mantenido “una parálisis deliberada frente a las denuncias de persecución”.
Demandan cesar investigaciones políticas
Como parte de sus planteamientos, las organizaciones presentaron una agenda de acciones prioritarias. Entre ellas, exigieron a la Fiscalía “cesar de inmediato los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en motivos políticos”, así como impulsar la liberación de personas detenidas por razones políticas.
Igualmente, instaron a iniciar investigaciones independientes sobre graves violaciones de derechos humanos y a cooperar con mecanismos internacionales para combatir la impunidad.
En cuanto a la Defensoría del Pueblo, solicitaron que se exija públicamente la liberación de detenidos por motivos políticos, se realicen inspecciones en centros de detención y se establezcan canales de coordinación con organismos internacionales.
El comunicado concluye con un llamado a que estos nombramientos se traduzcan en cambios reales en el funcionamiento institucional.
“Estas designaciones no pueden limitarse a un simple relevo de nombres. Deben traducirse en una actuación institucional orientada a la reinstitucionalización democrática del país”, subrayaron.
Las organizaciones firmantes indicaron que harán seguimiento al desempeño de ambas instituciones y reiteraron la necesidad de mantener la atención nacional e internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El Nacional
