Las organizaciones no gubernamentales Defiende Venezuela, Instituto Casla, Foro Penal, Fundaredes y la esposa del capital Juan Carlos Caguaripano denunciaron la situación de las personas privadas de libertad en el país. En la exposición ante el 186 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertaron además sobre la situación de riesgo que afrontan los defensores de derechos humanos nacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) emitieron un comunicado instando al gobierno de Nicolás Maduro a abstenerse de aprobar cualquier tipo de legislación o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés públicos.
También urgieron al Estado a adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y el Estado de derecho.
«Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela, señaló que todos los defensores que estaban en la audiencia corrían grave peligro, y celebró que la CIDH emitiera un comunicado de prensa condenando el proyecto de ley para fiscalizar y criminalizar a los defensores del país», indicó Defiende Venezuela en una nota de prensa este viernes.
Dávila remarcó: «Tamara Sujú no puede regresar a Venezuela, el Foro Penal tiene medidas de protección de la CIDH, a Caguaripano prácticamente le mutilaron los testículos, el director de Fundaredes está preso y Defiende Venezuela recibió una visita del Sebin».
Carlos Pulido, exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, declaró que en Venezuela existe «una política de Estado de violación de derechos humanos, y les recordó a los Estados de la región su responsabilidad como vecinos».
Carlos Briceño, director de Defiende Venezuela, dijo: «El contexto que se desprende de los casos expuestos es elocuente en cuanto a un sistema de justicia que es excesivamente tolerante ante las violaciones de derechos humanos, especialmente a los privados de libertad».
Durante la audiencia se destacaron casos como el de Juan José Gámez, José Ernesto Lasorsa y el director de Fundaredes, Javier Tarazona, con más de 600 días detenido.
«Todos los casos tuvieron en común el no cumplimiento del Estado venezolano con las medidas cautelares aprobadas por la CIDH y la falta de atención médica de los privados de libertad», señaló la ONG en la nota de prensa.
El Nacional
